En 2026, las cajas de compensación familiar en Colombia, como Compensar, Cafam y Cajasan, supervisadas por la Superintendencia del Subsidio, permitirán a los trabajadores formales con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legalmente vigentes afiliar a sus hijos hasta los 18 años, extensible a 23 o 25 años si están estudiando o sin límite en caso de discapacidad, así como a padres y hermanos que demuestren dependencia económica. Esta medida amplía el acceso a subsidios monetarios, servicios de educación, recreación, vivienda y salud para los dependientes de estos trabajadores, cuyo tope de ingresos se estima en 7.000.362 pesos, asumiendo un salario mínimo de 1.750.090 pesos.
La afiliación de beneficiarios está sujeta a pruebas de parentesco, límites de edad y comprobación de dependencia económica, con la obligación de actualizar la información de manera periódica para evitar la suspensión de beneficios. En el caso de Cajasan, con sede en Bucaramanga, la novedad entrará en vigor a partir de enero de 2026 e incluirá familiares adicionales como abuelos, nietos, tíos y suegros mediante el pago de una UPC adicional en salud, lo que representa una ampliación significativa de la cobertura familiar en Colombia.
Requisitos detallados para la afiliación
Los hijos y hermanos mayores de 18 años podrán mantener su afiliación demostrando estudios formales, mientras que padres y hermanos con discapacidad no enfrentarán restricciones de edad siempre que se comprube su dependencia económica. Para acceder al subsidio monetario, los mayores de 12 años deberán presentar certificado escolar. Los documentos básicos requeridos incluyen aquellos que prueben el parentesco y la dependencia económica del beneficiario respecto al trabajador afiliado, asegurando que solo cumplan los topes de ingresos y condiciones establecidas.
Estas cajas de compensación familiar brindan un amplio portafolio de subsidios y servicios a los trabajadores formales y sus familias, pero advierten que los beneficios se suspenderán en caso de falta de actualización de documentos o incumplimiento de los límites económicos, promoviendo así un uso responsable y actualizado de los recursos disponibles para el bienestar familiar en todo el país.
