En Calamar, Guaviare, un análisis sobre las operaciones del 11 de noviembre, elaborado por Camilo González Posso, presidente de Indepaz, pone en el centro de la discusión la reaparición de bombardeos autorizados por el presidente Gustavo Petro. Posso sostiene que, ante este retorno, debe primar la protección reforzada de la población y abstenerse de ataques cuando exista riesgo para niñas, niños y otros civiles vulnerables, una postura que subraya la necesidad de guiar las decisiones en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de evitar daños innecesarios.
El análisis descrito en la pieza es una revisión documental que expone resultados, las justificaciones oficiales e las implicaciones jurídicas y operativas de estas acciones. En el texto se destacan, como contexto relevante, la presencia de Calamar, Guaviare y las menciones a Antioquia y Arauca, regiones donde se han discutido y ejecutado operaciones relacionadas. Según la información oficial citada en el análisis, una unidad de 20 soldados se encontraba en riesgo de emboscada; además, se reportaron cinco bombardeos en Antioquia contra el Clan del Golfo y acciones aéreas en Arauca dirigidas al ELN y al Frente 10. Todo ello se aborda para entender cómo estas acciones encajan o chocan con las interpretaciones actuales del DIH y qué implicaciones operativas podrían derivarse.
La reaparición de bombardeos y el umbral del DIH
La reflexión presentada en el análisis aborda de forma explícita las implicaciones jurídicas y operativas de estas acciones dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario, al tiempo que revisa la proporcionalidad, la distinción entre combate y población civil, y los criterios que deben regir la decisión de bombardear. Este enfoque busca ampliar el debate público sobre la pertinencia de volver a emplear bombardeos en contextos de conflicto armado, especialmente cuando hay riesgo para menores y otros civiles, y qué límites deben imponerse para evitar vulnerar principios básicos del DIH.
«niñas, niños y adolescentes no pierden su condición de víctimas ni se transforman en objetivos militares por estar vinculados a grupos armados tras un reclutamiento tramposo que no elimina la condición de víctima». – Camilo González Posso, presidente de Indepaz
En este contexto, la exposición resalta antecedentes históricos sobre la proporcionalidad y la legalidad de bombardeos en zonas pobladas, y subraya por qué la reaparición de estas operaciones es noticia en este momento: el análisis crítico del marco legal y operativo se presenta como un intento de replantear criterios y prácticas, ante la posibilidad de que se repitan situaciones que pongan en riesgo a la población civil e menores. El texto también anticipa las posibles consecuencias en la protección de los menores y en los límites prácticos del DIH durante operaciones aéreas, lo que nutre un debate público que parece retomar vigencia tras las recientes acciones.
