El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que siete de las 20 víctimas mortales del bombardeo a un campamento disidente en la vereda Itilla, municipio de Calamar, Guaviare, eran menores de edad. En total, se registraron 20 fallecidos, entre ellos 13 hombres y 7 mujeres; de esos, siete eran menores, con cuatro mujeres y tres hombres. Los peritos identificaron plenamente a 16 de las víctimas por huellas dactilares y a cuatro más por la carta dental. Los cuerpos fueron recibidos el 12 de noviembre en las sedes de Medicina Legal en Villavicencio (Meta) y San José del Guaviare para su recepción y procesamiento, dentro de la investigación coordinada por la Fiscalía General de la Nación y como parte de la operación de las Fuerzas Militares de Colombia contra las disidencias de Iván Mordisco en Guaviare, en medio del debate sobre la protección de civiles y la niñez en zonas de conflicto.
La vereda Itilla, en el municipio de Calamar, Guaviare, fue escenario del bombardeo aéreo realizado por las Fuerzas Militares contra un campamento asociado a las disidencias de Iván Mordisco. La confirmación de la presencia de menores entre las víctimas llega en un contexto en el que el proceso forense avanza con un equipo interdisciplinario de profesionales en medicina, odontología y antropología, y cuando la Fiscalía General de la Nación continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque. Además, la operación forma parte de acciones contra las disidencias en la región y ha generado un intenso debate público sobre el alcance de las operaciones militares y la protección de civiles, especialmente de la población infantil, en el marco del Derecho Internacional Humanitario. Los resultados del proceso forense serán entregados a la Fiscalía para continuar la investigación y establecer las circunstancias del bombardeo, mientras persiste la discusión sobre la legitimidad y los límites de estas intervenciones en conflictos armados.
La confirmación de menores reaviva el debate sobre la protección de la niñez en zonas de conflicto
Entre los antecedentes relevantes se cuentan recientes bombardeos en Guaviare y Arauca contra disidencias y el intenso debate sobre la protección de la niñez en zonas afectadas por el conflicto armado, así como la interpretación y el uso del Derecho Internacional Humanitario para justificar operaciones militares. En este marco, la noticia llega en medio de declaraciones oficiales y cobertura mediática que se concentraron entre el 15 y 16 de noviembre, reforzando las discusiones sobre las consecuencias humanitarias de las acciones militares y la responsabilidad de las autoridades frente a la población civil, especialmente a los menores.
«Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna», afirmó Gustavo Petro, Presidente de Colombia
La Fiscalía General de la Nación continúa la investigación para establecer las circunstancias del bombardeo y la participación de las víctimas dentro del campamento, mientras el equipo forense avanza en la identificación y el desglose de perfiles para sustentar el marco judicial de las actuaciones. La noticia, además, subraya el contexto de las operaciones contra las disidencias de Iván Mordisco en Guaviare y el debate público sobre la protección de civiles y menores en zonas de conflicto, un tema que mantiene en tensión a las autoridades y a la sociedad civil del país.
