Los recursos provenientes de la operación legal de rifas y chance permitieron al departamento superar la meta anual de transferencias y registrar el mayor nivel de recaudo de los últimos años, con impacto directo en el sistema público de salud.
Durante la vigencia 2025, Caldas recibió $14.600 millones para el sector salud, recursos transferidos a partir de la operación legal de rifas y de la venta de chance en el departamento. La cifra representa un incremento de $600 millones frente a lo girado en 2024 y se consolida como el mayor recaudo registrado en los últimos años por este concepto.
Los recursos provienen de la explotación autorizada de estos juegos y constituyen una fuente clave para el financiamiento del sistema público de salud. De acuerdo con el balance de la vigencia, el presupuesto anual fue alcanzado en su totalidad en octubre y superado en un 20 % al cierre del año.
En el frente financiero, se reportó un crecimiento del 39 % en derechos de explotación y administración frente a la vigencia anterior, así como un cierre positivo con $70 millones de ganancia acumulada. Estos resultados permitieron proyectar para 2026 un presupuesto estimado en $1.000 millones, por segundo año consecutivo.
El balance de 2025 también incluyó avances en fiscalización y control del juego legal en el territorio departamental. En materia de rifas, se realizaron 35 operativos, se autorizaron y acompañaron 360 sorteos —un 26 % más que en 2024— y se registraron 56 apoyos a capturas por juego ilegal, el doble de los reportados el año anterior.
A estas acciones se sumaron 55 aprehensiones administrativas, lo que representó un incremento del 34 %, así como procesos de capacitación a las secretarías de Gobierno de los 27 municipios en la Ley 643 y el Decreto 1486 de 2024, normas que regulan los juegos de suerte y azar en el país.
En cuanto a la supervisión del chance, se efectuaron más de 900 visitas a puntos de venta, se adelantaron 12 escrutinios a los resultados de las loterías y se realizaron cuatro revisiones a la papelería utilizada en la operación, como parte del seguimiento permanente a esta actividad.
El informe de cierre de vigencia también dio cuenta del cumplimiento del 100 % del plan de acción institucional, orientado a garantizar transferencias estables y crecientes para la salud, así como al fortalecimiento de los procesos de control y administración en los 27 municipios del departamento.
Finalmente, el balance incluyó un cierre administrativo sin sanciones ni fallos en contra y un fallo favorable del Consejo de Estado en un proceso relacionado con el concesionario Susuerte, decisión que protegió más de $10.600 millones. Estos resultados hicieron parte del reporte oficial correspondiente a la vigencia 2025.
