La ciudad de Cali se prepara para un fin de semana electoral con la implementación de ley seca y un robusto despliegue de seguridad de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio de 2026. La medida, que regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta el mediodía del lunes 22 de junio, fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, quienes anunciaron el refuerzo de 109 pelotones con cerca de 3.200 soldados, apoyados por vehículos blindados, para garantizar el orden y la transparencia en la jornada democrática.
El general Benavidez detalló que la fuerza pública en la capital del Valle aumentará de 3.800 a 4.000 uniformados, con un total de 5.000 efectivos dedicados exclusivamente a la vigilancia del proceso electoral. Estos 5.000 uniformados estarán distribuidos para cubrir las 5.158 mesas de votación habilitadas en 216 centros electorales, de los cuales 194 son urbanos y 22 rurales. “Estarán dispuestos no solamente para asegurar los puestos de votación, sino para las demás actividades del certamen electoral, como el transporte, o más bien la escolta y el transporte, del material electoral hacia los puestos de votación e igualmente desde los puestos de votación hacia los sitios de escrutinio”, afirmó el oficial.
El decreto 0612 de 2026 establece la ley seca a nivel nacional desde el sábado a las 6:00 p. m. hasta el lunes a las 12:00 p. m., pero en Bogotá la restricción se amplió, generando controversia. El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, anunció que la medida regirá desde las 12:00 de la noche del viernes 19 de junio hasta el lunes, amparado en el artículo 13 del decreto que otorga facultades a las autoridades locales. “En Bogotá va a regir la ley seca desde las 12 de la noche del viernes al finalizar el día hasta el lunes, como lo anunciamos. Eso está sustentado, repito, en recomendaciones que hizo el Consejo de Seguridad”, explicó Galán. Esta decisión ha provocado un choque con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó la extensión del horario.
«La legalidad de los actos administrativos solo puede ser determinada por las autoridades judiciales. Mientras ello no ocurra, la medida continúa vigente y debe ser acatada»
Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá
Las sanciones por incumplir la ley seca están contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana e imponen multas que oscilan entre 4 y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes en 2026 a montos que van desde los 8 millones hasta los 64 millones de pesos colombianos. En Bogotá, la extensión de la restricción desde el viernes ha generado preocupación en el gremio de bares y restaurantes, con pérdidas estimadas por Asobares Bogotá en más de 180.000 millones de pesos si la medida abarcaba el sábado, aunque la Alcaldía la aplicó desde el viernes.
En Cali, la ley seca aplica de manera estricta a supermercados, tiendas, bares y discotecas tanto en la zona urbana como en la rural, y las autoridades descartaron el traslado de mesas en ningún punto de la ciudad. Con este operativo, que incluye la coordinación entre el Ministerio de Defensa, la Policía Metropolitana y el Ejército, se busca asegurar que la segunda vuelta presidencial transcurra en un ambiente de tranquilidad y legalidad, mientras se espera la resolución judicial sobre la controversia en Bogotá.
