Un total de 15 homicidios durante el puente festivo encendió las alarmas en Cali, donde las autoridades y líderes políticos clamaron por una intervención urgente en seguridad urbana. La mayoría de los crímenes, catorce de ellos con arma de fuego y uno con arma blanca, ocurrieron entre el sábado y el lunes festivo, y las primeras hipótesis los vinculan con disputas entre estructuras delincuenciales por el control del microtráfico y otras economías ilegales. Entre las víctimas se encuentra Ciro David Paz Banguero, un abogado de 31 años, funcionario de la Agencia Nacional de Tierras e hijo del exalcalde de Guachené, Francisco José Paz Zapata, quien fue asesinado a disparos en una fiesta celebrada en el barrio 12 de Octubre, en el oriente de la ciudad. Su caso es materia de investigación para determinar los móviles y posibles conexiones con las dinámicas criminales de la zona.
Las cifras, que ya acumulan 561 homicidios en lo que va de 2026 con corte al 14 de julio, han generado una profunda preocupación entre las autoridades locales. El personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza, calificó la situación como alarmante y condenable, señalando que la juventud es la población más vulnerable frente a este tipo de violencias. “Una vez más se comprueba que la juventud está siendo la población más vulnerable frente a este tipo de violencias”, afirmó Mendoza, quien agregó que la ciudad está viviendo los efectos colaterales de las economías ilegales y que la criminalidad continúa instrumentalizando a los jóvenes. Por su parte, el concejal Roberto Ortiz advirtió que, de mantenerse la tendencia, Cali podría cerrar el año nuevamente con más de mil homicidios, lo que exige una inversión inmediata en seguridad.
Llamado al presidente electo para reforzar la seguridad
El preocupante escenario ha llevado a sectores políticos a respaldar la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien ha planteado la creación de un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una iniciativa que busca enfrentar a las estructuras criminales que operan en las ciudades más violentas del país. El concejal Ortiz, en declaraciones a este medio, subrayó que “Cali necesita más inversión en seguridad. Ya superamos los 560 homicidios este año y, de mantenerse esta tendencia, podríamos cerrar nuevamente con más de mil casos”. El llamado a De la Espriella, quien asumirá el cargo en los próximos meses, es claro: reforzar la presencia estatal y desarticular las economías ilegales que alimentan la violencia en la capital del Valle.
“Es alarmante y condenable la cifra de homicidios que se está presentando en Cali. Una vez más se comprueba que la juventud está siendo la población más vulnerable frente a este tipo de violencias”.
Gerardo Mendoza, personero distrital de Cali
Mientras la Personería Distrital alerta sobre el impacto desproporcionado de la violencia en los jóvenes, las autoridades continúan investigando el homicidio de Ciro David Paz Banguero, ocurrido en medio de una fiesta en el barrio 12 de Octubre. La Agencia Nacional de Tierras, donde laboraba la víctima, no se ha pronunciado oficialmente, pero fuentes extraoficiales indican que se evaluarán las medidas de seguridad para sus funcionarios. La comunidad del oriente de Cali, azotada por la disputa de bandas criminales, exige respuestas. El panorama deja a la ciudad en vilo, con la esperanza de que la promesa de un nuevo gobierno se traduzca en acciones concretas para frenar la sangría de vidas.
