La Cámara de Representantes aprobó con 104 votos a favor y 10 en contra, acoger nuevamente el texto de la reforma pensional del Senado, que había sido devuelto por la Corte Constitucional para corregir vicios procedimentales. El Gobierno Nacional indicó que se corregiría el trámite y que el alto tribunal revisará si se cumplieron los requisitos, manteniendo suspendida la entrada en vigencia de la reforma prevista para el 1 de julio.
La aprobación ocurrió en medio de tensiones dentro del Congreso. La proposición promovida por el Pacto Histórico se ratificó después de un anuncio del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, de votar en bloques el articulado, lo que generó quejas de parlamentarios. La propuesta de reapertura del debate fue rechazada con 100 votos.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la decisión, destacando que «Colombia avanza en dignidad y justicia social para millones de personas«, especialmente en beneficio de los adultos mayores y quienes han trabajado sin pensión.
La jornada estuvo marcada por las denuncias de irregularidades en la convocatoria, que llevaron a la oposición y algunos congresistas independientes a no participar en el debate. Estos argumentaron que la citación no cumplió con los requisitos legales, señalando que la Corte no había incluido la providencia judicial necesaria y que la convocatoria no fue notificada con tres días de antelación, como exige la ley.
El gobierno defendió el proceso, señalando que lo que se debía votar era la proposición de hace un año, y se mostró optimista sobre la aprobación. En paralelo, la polémica sobre la legalidad de la convocatoria generó tensiones, especialmente cuando la vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, no firmó el orden del día, argumentando la falta de claridad sobre el contenido del auto de la Corte.
En cuanto a la jornada del viernes, la convocatoria a sesiones extraordinarias también generó polémica, con dificultades logísticas para conformar un quórum deliberatorio adecuado, y discusiones sobre la validez de la convocatoria debido a la ausencia de una providencia judicial completa.
