El partido Cambio Radical solicitó formalmente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investigue a la ex primera dama Verónica Alcocer García y a personas de su entorno por presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción. La petición, que invoca la dimensión transnacional de las conductas denunciadas, busca que la OFAC evalúe la inclusión o permanencia de Alcocer y sus allegados en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), así como impedir que los señalados dispongan de bienes en jurisdicción estadounidense. La solicitud se sustenta en la entrevista que Eva Ferrer Galcerán, exasesora de Alcocer, concedió a Vicky Dávila, directora de la revista Semana, y en la que aseguró que la ex primera dama trasladó droga a Venezuela en un avión oficial, movilizó dos millones y medio de dólares a Colombia para financiar la campaña de su primo Mario Alcocer y que durante la campaña presidencial de Gustavo Petro se cobraba por concertar reuniones.
Las declaraciones de Ferrer, difundidas el sábado 10 de octubre de 2026, desataron una ofensiva política y legal inmediata. Además de la petición ante la OFAC, Cambio Radical presentó una solicitud separada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el canciller Omar Bula Escobar, para que se controle la permanencia y el tránsito en Colombia de los ciudadanos españoles Manel Grau Pujadas y Xavier Vendrell, señalados como presuntos financiadores o testaferros del entorno de Alcocer. El partido pidió además que se tramite la pérdida de la nacionalidad colombiana por adopción de ambos, con fundamento en la Ley 2332 de 2023, que establece que la nacionalidad se pierde mediante sentencia condenatoria por delitos que afecten o pongan en riesgo el Estado o la Constitución.
Solicitud ante la Cancillería y reacción de los señalados
En la petición a la Cancillería se invoca la figura de la pérdida de la nacionalidad por adopción para Grau Pujadas y Vendrell, aunque la norma exige que exista una condena penal en firme para que pueda prosperar. Mientras tanto, la petición a la OFAC menciona también a Carolina Plata, exasesora y amiga de Alcocer, y a Danilo Romero, esposo de Plata y empresario del sector hidrocarburos, como presuntos testaferros, junto a los dos ciudadanos españoles. La dimensión internacional de las acusaciones de Ferrer, quien aseguró que la ex primera dama influyó en entidades públicas como ProColombia, el Instituto de Bienestar Familiar, la subdirección del Dapre, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la ANI, el Fondo de Adaptación, el Icetex y la Ungrd, añade un nivel de complejidad al escándalo que ahora involucra a autoridades de Estados Unidos.
Manel Grau Pujadas, quien según su propio comunicado mantuvo más de veinticinco años de amistad con Eva Ferrer, respondió el miércoles 14 de octubre de 2026 con una carta pública en la que rechazó categóricamente todas las acusaciones. En su escrito, Grau calificó las afirmaciones de Ferrer como falsas y calumniosas, y anunció acciones penales y civiles contra ella por injuria y calumnia, sin descartar el delito de concurso para delinquir. El empresario español instruyó a sus apoderados para iniciar las denuncias y buscar una reparación económica por daños a su buen nombre y reputación.
«De manera categórica, por falsos y calumniosos, todos y cada uno de los señalamientos realizados por la señora Ferrer Galcerán».
«Solo móviles externos explican que pueda inventarse esa cantidad de afirmaciones mentirosas, calumniosas, injuriosas que son absolutamente falsas y sobre las cuales no tiene prueba alguna por la sencilla razón de que no son ciertas».
«Le deseo a Eva que encuentre la serenidad necesaria en este momento para hacer lo que procede, que es la retractación oficial de sus afirmaciones absolutamente falsas a la revista Semana».
Manel Grau Pujadas, empresario español, en carta pública
Un escándalo con repercusiones políticas y judiciales
Las acusaciones de Ferrer no solo alcanzaron a Alcocer y a su círculo íntimo, sino que también salpicaron a otros actores políticos. Ferrer atribuyó a la ex primera dama haber entregado su influencia al congresista Agmeth Escaf y al exlegislador Mario Fernández, así como una presunta relación con el manejo de Ecopetrol por parte de Ricardo Roa. Estos señalamientos, sumados a la petición de Cambio Radical, convierten el caso en un frente de múltiples aristas que combina denuncias penales, solicitudes ante organismos internacionales y un intenso debate público.
La ofensiva del partido político se produce en un contexto en el que las declaraciones de Ferrer, difundidas a través de la revista Semana, han generado un fuerte impacto mediático. Mientras la OFAC evalúa si abre una investigación sobre Alcocer y su entorno, y la Cancillería estudia el estatus migratorio de los ciudadanos españoles mencionados, la exasesora no se ha pronunciado públicamente sobre las consecuencias legales de sus afirmaciones. Este es el primer hecho noticioso de una historia que promete seguir desarrollándose en los estrados judiciales de ambos países, con un partido político decidido a llevar el caso hasta las últimas consecuencias.
