El Gobierno nacional, liderado por Gustavo Petro, ha implementado cambios en el salario mínimo y un nuevo Decreto 1485 de 2025 que modifica el parámetro de deslizamiento para las rentas vitalicias ligadas al salario mínimo en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), lo que eleva significativamente los costos de las pensiones y afecta directamente a más de 115.000 personas en Colombia. El salario mínimo para 2025 se fijó en 1.423.500 pesos, mientras que el proyectado para 2026, de 1.750.905 pesos, fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado por desbordar facultades y carecer de criterios técnicos como inflación y productividad. Estos ajustes, efectivos desde 2026, toman como base el mayor valor entre el promedio real de productividad de la última década y el 35% del promedio del IPC del último periodo, impulsados por un aumento real del salario mínimo que supera en 18 puntos porcentuales la inflación del 5,1%, la mayor alza en más de medio siglo.
Según Asofondos, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, dirigida por Andrés Velasco, el costo de una renta vitalicia ligada al salario mínimo pasará de 350 millones de pesos en 2025 a 550 millones en 2026, un incremento del 57% o 200 millones adicionales. Esto genera presiones estructurales en el sistema pensional privado, donde el costo ponderado del seguro previsional alcanza el 2,63%, rozando el límite legal del 3% que incluye prima y comisión de las AFP sobre la cotización obligatoria, poniendo en riesgo la cobertura para más de 19 millones de afiliados y creando un vacío normativo en el que ni las aseguradoras pueden cobrar lo necesario ni las AFP absorber el sobrecosto.
Impacto profundo en miles de colombianos
De las más de 115.000 personas afectadas, 12.400 planeaban acceder a una renta vitalicia, incluyendo 1.300 que ya alcanzaron la edad de jubilación pero ahora deben esperar en promedio 4,6 años adicionales, y en casos extremos hasta 20 años; se suman 3.600 en 2026 y 32.500 en los próximos 15 años, con un costo fiscal acumulado estimado en 4,8 billones de pesos a precios de 2026. Otros 72.600 en retiro programado enfrentan reducciones de mesadas de hasta el 50%, como en el ejemplo de una pensión que baja de 3.400.000 a 1.980.000 pesos, un recorte del 42%. Además, 20.000 personas, entre 14.000 hombres y 6.000 mujeres, quedan en un limbo jurídico sin poder migrar a renta vitalicia, mientras el número de aseguradoras activas se reduce de nueve a tres.
«Uno de los choques más relevantes para el régimen privado en las últimas décadas».
Asofondos
La Asociación destaca que los colombianos ahora deben ahorrar alrededor de 200 millones adicionales para pensionarse con un salario mínimo, generando mayor incertidumbre, más años de cotización exigidos, menores pensiones y un traslado explícito de costos a afiliados, pensionados y administradoras privadas.
Contexto de incertidumbre en el sistema pensional
Estos cambios se dan en medio de la suspensión provisional del salario mínimo 2026 por el Consejo de Estado y mientras la reforma pensional del Gobierno Petro está en revisión en la Corte Constitucional. El sistema RAIS enfrenta múltiples choques por decisiones gubernamentales, con impactos como mayor tiempo de cotización, imposibilidad de pensionarse para quienes acercan sus mesadas al salario mínimo sin cumplir nuevos requisitos, recálculos de mesadas y riesgos para el seguro previsional y las finanzas públicas. Asofondos advierte en su documento «ABC de los efectos de los recientes cambios normativos sobre el sistema pensional» que la combinación del aumento real del salario mínimo y el nuevo parámetro de deslizamiento no es un efecto aislado, sino una presión estructural.
«La combinación del aumento real del salario mínimo y del nuevo parámetro de deslizamiento no genera un efecto aislado, sino una presión estructural sobre afiliados, pensionados y las finanzas públicas».
Andrés Velasco, Asofondos
Este escenario deja a miles de colombianos en vilo, exigiendo soluciones urgentes para evitar un colapso en la sostenibilidad del sistema pensional privado.
