Las bases camioneras de Colombia, firmantes del Acuerdo del 6 de septiembre de 2024 que levantó el Paro Nacional Camionero, enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, denunciando el incumplimiento estructural de los compromisos asumidos hace más de un año. En el documento, alertan sobre un riesgo inminente de colapso del sector transporte, que afecta a 2,5 millones de familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad en todo el país, con énfasis en las regiones y el puerto de Buenaventura.
El acuerdo, suscrito para poner fin a las protestas que paralizaron el país, no ha visto avances sustanciales en su implementación, lo que genera preocupación por la subsistencia de las familias camioneras y el transporte de carga a nivel nacional. Las bases camioneras destacan la ausencia de articulación institucional y la omisión de controles necesarios, sumado a denuncias específicas como la manipulación del sistema SICE-TAC, la falta de un Comité Interinstitucional con entidades como la DIAN, Fiscalía, SIC, Supertransporte y Procuraduría, el incremento del ACPM superior a lo pactado y un proceso de dumping en la importación de llantas.
Irregularidades en Buenaventura y ola de violencia
En el puerto de Buenaventura, las irregularidades son particularmente graves, con filas de más de mil camiones esperando, el uso de estos vehículos como bodegas sin costo alguno y moras anticipadas cobradas en dólares, lo que agrava la crisis operativa. Además, el sector enfrenta un aumento en la extorsión, quema de vehículos y amenazas directas a líderes gremiales, en un contexto de seguridad alarmante donde 33 conductores han sido asesinados en los últimos tres años y medio.
La carta abierta, dirigida no solo al presidente Petro sino también a la opinión pública nacional e internacional, subraya que estas fallas ponen en jaque la viabilidad del transporte de carga en Colombia. Las bases camioneras exigen acciones inmediatas para evitar un colapso total del sector, recordando que el incumplimiento del acuerdo amenaza la economía y la estabilidad de millones de personas que dependen de esta cadena productiva esencial.
