Campesinos del Valle del Cauca, liderados por figuras como Walter Suárez, han elevado una fuerte denuncia contra el Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por irregularidades en la adjudicación de predios administrados por la SAE en esta región. Según los afectados, estos programas estatales excluyen a los habitantes locales, que han ocupado las tierras durante periodos que van desde diez hasta veinticinco años con cultivos y actividades productivas consolidadas, para priorizar a comunidades indígenas y campesinos provenientes de otros departamentos, generando presiones para desalojar a los ocupantes originarios del territorio.
La controversia se intensifica con la recuperación de un predio anunciada por la ANT el 12 de julio de 2025, perteneciente al exsenador Héctor Julio Alfonso López, y casos similares en los que se ignoran las ocupaciones locales de larga data. Walter Suárez, uno de los campesinos más vocales, ha criticado abiertamente cómo estos procesos desplazan a familias que han invertido décadas en las tierras de la SAE, favoreciendo en cambio a externos sin considerar el arraigo territorial de los denunciantes.
Exigencia de priorizar a los habitantes locales
En medio de este panorama, los campesinos rechazan rotundamente las prácticas actuales y hacen un llamado urgente a la ANT y la SAE para que incluyan a las personas originarias de los territorios en los procesos de entrega de tierras. Suárez ha enfatizado que no es justo que asociaciones locales no reciban ni una cuarta de tierra mientras se adjudican predios a indígenas de otras zonas, demandando un trato equitativo que reconozca su presencia histórica en el Valle del Cauca.
“Nos estamos viendo rotundamente afectados por los programas del Estado, que es la entrega de tierras a campesinos de otros departamentos. No es justo que a nuestros campesinos, a nuestras asociaciones, no nos tengan en cuenta. No nos han entregado una cuarta de tierra y a los campesinos indígenas de otros departamentos nos están entregando las tierras de nuestro territorio, tierras que nos pertenecen. Entonces, vemos que no nos están mediando con el mismo rasero”
Walter Suárez, campesino del Valle del Cauca
Este malestar se contrapone con avances reportados en otras regiones, como en Córdoba, donde se restituyeron 1.600 hectáreas a más de 215 mujeres y familias en municipios como Ciénaga de Oro, Montería y Planeta Rica, predios que habían sido ilegalmente apropiados desde 2016. A nivel nacional, la formalización de tierras ha alcanzado 104.519,28 hectáreas en total, con 7.639 hectáreas adjudicadas específicamente a mujeres rurales, en un esfuerzo que suma 112.000 hectáreas globales, aunque comparado con gestiones anteriores, bajo Iván Duque se entregaron 997 hectáreas a mujeres del campo y bajo Juan Manuel Santos, 800 hectáreas.
“Tenemos comunidades, amigos que vienen ocupando predios desde hace diez, quince, veinte, veinticinco años, donde ya están allí plantadas tierras que son de la SAE y los han venido, como tratando como de desplazarlos, tocarlos a otros lados para que ellos entreguen las tierras y se la están entregando a las comunidades indígenas”
Walter Suárez, campesino del Valle del Cauca
Contraste con logros oficiales y entregas recientes
Por su parte, el director de la ANT, Juan Felipe Harman Ortiz, ha defendido estos procesos destacando resultados transformadores que buscan saldar la deuda histórica del Estado con las mujeres del campo. Recientemente, el Gobierno de Gustavo Petro y la ANT han formalizado tierras para 800 familias en la región Caribe, pero los campesinos del Valle del Cauca insisten en que tales beneficios deben priorizar a los habitantes locales para evitar desplazamientos injustos y garantizar la equidad territorial.
“Rechazamos rotundamente y hacemos un llamado tanto a la Agencia Nacional de Tierras como a la SAE que, por favor, cuenten con nosotros, nosotros las personas que son de los territorios para sí mismos, eh, empecemos como el proceso de entregar tierras a las personas de nuestro territorio”
Walter Suárez, campesino del Valle del Cauca
“Estos resultados demuestran una transformación sin precedentes que busca saldar la deuda histórica del Estado con las mujeres del campo”
Juan Felipe Harman Ortiz, director de la ANT
La denuncia pone en el centro del debate la necesidad de equilibrar las políticas de redistribución agraria con el respeto a los ocupantes históricos, en un contexto donde familias del Valle del Cauca exigen ser consideradas en futuras adjudicaciones para preservar su sustento y arraigo en predios que han trabajado por generaciones.
