La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) ha decidido dar trámite a los recursos de reconsideración presentados por Ecuador y a los reclamos formulados por Colombia en torno a las resoluciones 2581 y 2582, emitidas el pasado 7 de mayo, que califican como restrictivas al comercio las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano en la frontera común. Estas disposiciones del organismo supranacional, con sede en Lima, señalan que la habilitación exclusiva del paso de Rumichaca para mercancías colombianas constituye una restricción al comercio, mientras que la denominada «tasa de servicio de control aduanero» aplicada por Ecuador es un gravamen incompatible con las normas andinas. El anuncio se produce después de que el plazo de diez días hábiles otorgado para desmontar dichas barreras venciera el 21 de mayo sin que se alcanzara un acuerdo bilateral.
La controversia forma parte de una escalada de la guerra comercial que estalló a inicios de 2026, cuando Ecuador incrementó progresivamente los aranceles a productos colombianos, pasando del 30% inicial hasta un máximo del 100% a partir del 1 de mayo, para luego anunciar un ajuste a la baja al 75% desde el 1 de junio. Quito justificó estas medidas como represalia por el supuesto insuficiente control del narcotráfico por parte de Colombia, particularmente el flujo de cocaína. Colombia, por su parte, evitó replicar la escalada arancelaria de forma simétrica, pero aplicó tasas diferenciadas superiores al 30% para ciertas partidas. El presidente Daniel Noboa, por Ecuador, y Gustavo Petro, por Colombia, son los jefes de Estado involucrados en el conflicto que ha afectado directamente al corredor de Rumichaca, principal punto de tránsito entre ambos países.
Impacto en las economías y el comercio bilateral
Las cifras reflejan la gravedad de la disputa. Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), las exportaciones colombianas hacia Ecuador registraron una caída del 60% durante el primer trimestre de 2026. En términos absolutos, pasaron de 173,5 millones de dólares en diciembre de 2025 a 109,3 millones de dólares en febrero del mismo año. El sector eléctrico colombiano fue uno de los más golpeados, con un desplome del 77,1% en sus ventas al mercado ecuatoriano en el mismo período. Además, la tarifa de transporte de crudo colombiano por los oleoductos ecuatorianos se multiplicó por diez, al pasar de 3 a 30 dólares por barril, una medida que también ha sido cuestionada por Bogotá. Ecuador adicionalmente suspendió la exportación de electricidad hacia Colombia, profundizando la tensión energética en la región.
«Los ciudadanos colombianos y ecuatorianos vienen siendo afectados directamente por las medidas adoptadas»
Secretaría General de la Comunidad Andina, comunicado oficial
La CAN ha aclarado que los recursos de reconsideración y los reclamos serán procesados sin que ello implique la suspensión automática de las resoluciones previas, por lo que las medidas restrictivas continúan vigentes durante la revisión. El organismo también exhortó a ambas naciones a reactivar las mesas de trabajo bilaterales que sostuvieron el 25 de marzo, sin avances concretos, y ofreció facilitar su desarrollo para intentar destrabar el conflicto. Si la controversia persiste, el caso podría escalar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, instancia que decidiría en última instancia sobre la legalidad de las barreras comerciales impuestas por Ecuador y las contramedidas colombianas.
