La posible terminación anticipada de los contratos de suministro de gas natural de Canacol Energy a la mina Cerro Matoso ha generado profunda preocupación en la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM), debido a los graves riesgos que representa para las industrias, el empleo y la economía colombiana en general. Esta situación, que afecta principalmente a la Costa Caribe y el sur de Córdoba, surge por la interrupción del suministro derivada de cambios en las condiciones contractuales, en un contexto de falta de estabilidad agravado por el fenómeno de El Niño y la volatilidad de los precios del gas importado. Canacol Energy, que provee el 17 por ciento del suministro nacional de gas y el 50 por ciento para la Costa Caribe, es la mayor empresa independiente de exploración y producción de gas natural convencional en el país.
Cerro Matoso depende en un 80 por ciento del gas suministrado por Canacol, lo que pone en jaque sus operaciones y amenaza más de dos mil empleos directos e indirectos, impactando a más de 50 mil personas en 25 comunidades. Para 2025, la mina genera ingresos fiscales superiores a los 334 mil 570 millones de pesos en regalías e impuestos, y una paralización podría acarrear pérdidas estimadas en cerca de mil millones de pesos diarios para el país y más de cinco mil 100 millones diarios para la compañía. El gas natural es esencial para procesos industriales sin alternativas viables a corto plazo y para la generación térmica eléctrica en la región, por lo que esta incertidumbre contractual podría traducirse en aumentos en las facturas de gas para hogares y comercios, así como en una reducción de los ingresos fiscales nacionales.
Alertas desde los gremios por la seguridad jurídica
Los gremios han elevado la voz para exigir a las autoridades el respeto al ordenamiento jurídico y la garantía de seguridad jurídica en los contratos, destacando que esta falta de claridad pone en alerta a toda la industria y podría disuadir nuevas inversiones. La continuidad operativa de empresas como Cerro Matoso, clave para la competitividad regional y programas sociales, se ve seriamente comprometida, con potenciales paralizaciones que afectarían el sustento de miles de familias.
“un eventual cambio en las condiciones de los contratos podría traducirse en incrementos inmediatos en los precios internos del gas, con el consecuente aumento de los costos para todos los segmentos de usuarios”
Asoenergía
“la falta de claridad pone en alerta a toda la industria y puede disuadir la inversión. Propuso que la institucionalidad y el respeto a los contratos deben regir el desarrollo del sector, asegurando así el funcionamiento de operaciones vitales para el empleo y la competitividad nacional”
Silvana Habib Daza, directora ejecutiva de Asoenergía
“decisiones precipitadas pondrían en riesgo miles de empleos, el sustento económico de familias e impactarían directamente las finanzas nacionales”
Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM
Frente a este panorama, Asoenergía y ACM llaman a priorizar el respeto a los contratos para evitar un impacto en cadena que vulnere la estabilidad económica del país, subrayando la necesidad de que la institucionalidad prevalezca en el desarrollo del sector energético.
