Usuarios en Medellín han denunciado cancelaciones arbitrarias de reservas confirmadas en plataformas como Airbnb y hoteles, seguidas de republicaciones a precios exorbitantes, ante la llegada de los conciertos de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot los días 23, 24 y 25 de enero, como parte de su gira Debí tirar más fotos programada para 2026 con alrededor de 41 presentaciones. Las quejas, acompañadas de capturas de pantalla en redes sociales, destacan sobreprecios que superan los 20 millones de pesos por hospedaje, lo que ha generado un pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre las consecuencias para anfitriones y establecimientos.
Estas prácticas abusivas han afectado a consumidores que ya habían asegurado sus alojamientos, solo para verlos cancelados y reofertados a tarifas mucho más altas aprovechando la demanda generada por los tres shows del artista puertorriqueño en la ciudad. Robinson Villa, docente del consultorio jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano en Medellín, ha explicado los derechos de los afectados y las regulaciones aplicables, enfatizando que la economía digital no escapa al marco legal.
Derechos del consumidor y obligaciones legales
De acuerdo con Villa, toda persona natural o jurídica que ofrezca servicios de alojamiento turístico debe inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT), obligación que recae directamente en el propietario, poseedor o tenedor del inmueble, y no en la plataforma intermediaria como Airbnb. El incumplimiento conlleva sanciones administrativas como multas y suspensión de actividades por parte de las autoridades competentes. Además, en propiedades horizontales, el uso está subordinado al reglamento de convivencia, y las autoridades municipales pueden imponer sanciones urbanísticas por incompatibilidad con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
“Conforme a esta normatividad, toda persona natural o jurídica que ofrezca servicios de alojamiento turístico debe estar inscrita en el Registro Nacional de Turismo (RNT). Dicha obligación recae directamente sobre el propietario, poseedor o tenedor del inmueble, y no sobre la plataforma digital que actúa como intermediaria. El incumplimiento de esta exigencia da lugar a la imposición de sanciones administrativas, entre ellas multas y la suspensión de la actividad, por parte de la autoridad competente”
Robinson Villa, docente del consultorio jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano en Medellín
La normativa que regula estos alquileres incluye la Ley 300 de 1996, Ley 2068 de 2020, Decreto 2590 de 2009, Ley 388 de 1997, Ley 675 de 2001 y Ley 1480 de 2011, las cuales protegen contra prácticas abusivas. Los usuarios pueden reclamar ante la plataforma para exigir reembolsos completos y denunciar ante la SIC por cancelaciones intencionales destinadas a reofertarlo a precios superiores.
“Cuando un anfitrión cancela una reserva ya confirmada con el propósito de volver a ofertar el inmueble a un precio superior, dicha conducta puede constituir una práctica abusiva, contraria al principio de buena fe contractual, que rige las relaciones jurídicas y de consumo”
Robinson Villa, docente del consultorio jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano en Medellín
Precios altos y prácticas reprochables
Aunque un precio elevado no es ilegal por sí solo, Villa advierte que se vuelve reprochable si se basa en información engañosa, induce a error al consumidor o aprovecha circunstancias excepcionales para desequilibrar el contrato. La SIC ha sido clara sobre las posibles sanciones por incumplir el RNT o normativas de zonificación, recordando que estas conductas violan el principio de buena fe en las relaciones de consumo.
“Si bien un precio alto no es ilegal por sí mismo, puede resultar jurídicamente reprochable cuando se sustenta en información engañosa, induce a error al consumidor o se aprovecha de circunstancias excepcionales para alterar de manera desproporcionada el equilibrio contractual”
Robinson Villa, docente del consultorio jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano en Medellín
En este contexto, los afectados están llamados a actuar de inmediato presentando sus evidencias ante las plataformas y la SIC, mientras las autoridades vigilan el cumplimiento normativo para evitar abusos en un mercado turístico en auge impulsado por eventos masivos como los de Bad Bunny. “La economía digital no se encuentra por fuera del derecho”, concluye Villa, subrayando la necesidad de protección al consumidor en estos escenarios.
“La economía digital no se encuentra por fuera del derecho”
Robinson Villa, docente del consultorio jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano en Medellín
