El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que realiza seguimiento al caso de tres ciudadanos colombianos detenidos en Arabia Saudita desde julio de 2024, a quienes brinda asistencia consular. Se trata de Héctor Eduardo Romero Ramírez, de 53 años; su hijo Luis Eduardo Romero Jiménez, de 30; y Mauricio Patiño Gallego, de 62, quienes se encuentran privados de la libertad bajo cargos de “seguridad nacional” por parte de las autoridades saudíes, sin que hasta el momento se hayan especificado los delitos que se les imputan. Los familiares denuncian que los tres hombres están incomunicados desde que fueron trasladados a una prisión en la ciudad de Abha, al sur de Arabia Saudita, y que no han tenido acceso a abogados ni a comunicación con la Embajada de Colombia.
De acuerdo con la información recopilada por el diario, los tres colombianos viajaron a Yemen en abril de 2024 contratados por una empresa estadounidense para instalar antenas satelitales. El proyecto finalizó en julio de ese mismo año, pero al intentar regresar a Colombia, el aeropuerto de Saná, capital de Yemen, fue bombardeado, lo que les impidió salir por vía aérea. Ante esta situación, buscaron una ruta alternativa y se dirigieron a la ciudad de Adén, en el sur del país, donde fueron detenidos por fuerzas de seguridad locales. Según la versión de la familia, los obligaron a firmar confesiones en árabe sin la presencia de un intérprete ni de abogados, y posteriormente fueron trasladados a Arabia Saudita sin que se explicara la razón de ese cambio de jurisdicción.
Daniel Romero, hijo y hermano de dos de los detenidos, ha sido la voz pública de la denuncia. En declaraciones a medios, señaló que desde el traslado a Abha no han podido establecer contacto alguno con los reclusos. “Nadie nos ha explicado cómo, cuándo ni bajo qué autoridad ocurrió este traslado. Desde entonces están incomunicados. No hemos podido hablar con ellos, no tienen abogado, no han tenido contacto con la Embajada de Colombia”, afirmó Romero, quien también exigió que “Arabia Saudí libere de inmediato a mi hermano, a mi papá y a su socio. Pedimos que se aclare la situación legal, que se confirme si hay cargos en su contra y que se les permita hablar con nosotros y con la Embajada”.
Asistencia consular y llamado a la transparencia
La Cancillería colombiana, a través de un comunicado oficial, informó que los familiares “han recibido atención presencial en Bogotá por parte del equipo del Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a Connacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del acompañamiento institucional brindado a este caso”. Asimismo, la entidad aseguró que continuará “haciendo seguimiento al caso y brindando la asistencia consular que resulte procedente en situaciones de privación de la libertad”, y subrayó que todo ello “se realiza con respeto por la legislación del Estado receptor y sin interferir en las decisiones de sus autoridades judiciales competentes”.
El Ministerio indicó que las autoridades saudíes confirmaron que los detenidos lo están por motivos de “seguridad nacional”, aunque no han detallado los cargos formales. La asistencia consular se ajusta a lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, y Cancillería se comprometió a verificar las condiciones de detención y a gestionar ante las autoridades locales el respeto al debido proceso. Mientras tanto, la familia ha mantenido contacto con el Consulado de Colombia en El Cairo y con la Embajada en Arabia Saudita, y ha presentado derechos de petición que han sido atendidos conforme a la Ley 1755 de 2015.
“Nadie nos ha explicado cómo, cuándo ni bajo qué autoridad ocurrió este traslado. Desde entonces están incomunicados. No hemos podido hablar con ellos, no tienen abogado, no han tenido contacto con la Embajada de Colombia”
Daniel Romero, familiar de los detenidos
La situación de estos tres colombianos, que llevan aproximadamente seis meses sin poder comunicarse con sus seres queridos, pone de relieve las dificultades que enfrentan los ciudadanos en contextos de conflicto y la importancia de la asistencia consular en países con sistemas judiciales opacos. Mientras la Cancillería reitera su compromiso de hacer seguimiento, la familia insiste en que se aclare la situación legal de los detenidos y se garantice su derecho a la defensa.
