El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes y visas en Colombia, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente la ejecución de instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes. La medida, anunciada el 17 de septiembre de 2025, se fundamenta en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y permitirá una contratación transitoria limitada a lo indispensable para mantener el servicio, mientras se adelanta una licitación pública para definir una solución permanente.
El fallo judicial, emitido el 2 de septiembre mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP, respondió a una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal, director de la Fundación Dilo Colombia, contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional. La medida cautelar suspendió los convenios vigentes con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, ordenando además acreditar soportes fiscales para vigencias futuras. Ante esta situación, la Cancillería optó por la declaratoria de urgencia manifiesta para evitar una interrupción en el servicio que afecta a millones de colombianos dentro y fuera del país.
Cancillería garantiza continuidad del servicio
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que «el servicio de expedición de pasaportes continúa con normalidad. Las oficinas expedidoras y los consulados mantienen su atención, las citas previamente programadas continúan vigentes y los ciudadanos no deben realizar ningún trámite adicional». La dependencia subrayó que la contratación que se derive de esta declaratoria tendrá un carácter estrictamente transitorio y estará limitada a lo indispensable para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y visas.
«La prioridad del Gobierno Nacional es garantizar la continuidad del servicio y proteger el derecho de los colombianos a acceder oportunamente a sus documentos de viaje»
Comunicado de la Cancillería
La Cancillería informó que remitirá a la Contraloría General de la República el acto administrativo de urgencia manifiesta y los contratos suscritos, para el respectivo control fiscal. Paralelamente, se iniciará una licitación pública que defina una solución permanente en la expedición de pasaportes y visas, buscando superar la controversia judicial que llevó a la suspensión de los convenios con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. Cabe recordar que el tribunal desestimó la solicitud de la Cancillería para obtener autorización judicial que permitiera continuar con los convenios suspendidos, lo que obligó al Gobierno a activar este mecanismo de urgencia.
