Cinco candidatos presidenciales colombianos han puesto sobre la mesa propuestas de ajuste fiscal que van desde recortes drásticos del gasto público hasta una reorganización de los ingresos tributarios, con el objetivo común de cerrar el déficit de 32 billones de pesos que enfrenta el presupuesto de 2026. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López, todos en campaña hacia las elecciones presidenciales de ese año, responden así al diagnóstico emitido por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que en abril de 2026 calculó ese monto como el ajuste mínimo requerido para corregir el desfinanciamiento de las cuentas públicas. La discusión ocurre en un contexto de deterioro fiscal: el país arrastra una deuda creciente y un hueco fiscal amplio que obliga a los aspirantes a elegir entre recortar, recaudar mejor o combinar ambas rutas.
Las propuestas revelan diferencias profundas en la concepción del Estado. Abelardo de la Espriella plantea la reducción más agresiva, con un recorte de 70 billones de pesos, equivalente a un ahorro anual del 3,1 por ciento del PIB, con la meta de que el gobierno gaste menos de lo que recauda sin contar el pago de la deuda. Paloma Valencia, por su parte, propone un ajuste de 50 billones, enfocado en gastos de funcionamiento y contratos estatales. En el otro extremo, Sergio Fajardo y Claudia López abogan por una combinación de contención del gasto, eficiencia administrativa y revisión de partidas, mientras que Iván Cepeda pone el énfasis en mejorar los ingresos tributarios y redistribuir la carga fiscal. Aunque el diagnóstico de partida es común —el presupuesto de 2026 está desfinanciado y el Carf ya emitió su alerta—, la magnitud y el enfoque del ajuste marcan las líneas de una campaña que tendrá en la salud fiscal uno de sus ejes centrales.
Un frente fiscal deteriorado como telón de fondo
El informe del Carf presentado ante el Congreso en abril de 2026 no dejó espacio para ambigüedades: el país necesita un ajuste de al menos 32 billones de pesos para evitar un descalabro en las finanzas públicas. Ese hueco, sumado a una deuda que ha crecido en los últimos años, configura un escenario en el que cualquier programa de gobierno deberá incluir medidas concretas de estabilización. La discusión, sin embargo, no se limita a las cifras. Detrás de los números se esconde una disputa ideológica sobre el tamaño del Estado, la eficiencia del gasto y la capacidad de la estructura tributaria para sostener el desarrollo. Mientras unos proponen adelgazar la administración pública de manera radical, otros confían en que una combinación de austeridad inteligente y mayor equidad en los impuestos puede cerrar la brecha sin sacrificar la inversión social. La campaña presidencial de 2026 tendrá, así, en el déficit fiscal un termómetro de las visiones de país que compiten por llegar a la Casa de Nariño.
