Juan David Correa, presidente de Protección, alertó sobre el encarecimiento del ahorro necesario para pensionarse con un salario mínimo en los fondos privados de pensiones, que pasó de 350 millones de pesos a cerca de 550 millones debido al aumento del 23,7 por ciento en el salario mínimo decretado por el gobierno de Gustavo Petro. Este ajuste, que eleva el salario base a 1.750.905 pesos mensuales sin incluir el auxilio de transporte, impacta directamente las opciones de renta vitalicia o retiro programado en el régimen privado, complicando el acceso para los casi 20 millones de cotizantes en el sistema nacional de pensiones.
La revelación se da en un contexto donde se estima que a cierre de 2025 y principios de 2026 habrá cerca de 2,2 millones de pensionados en total entre los regímenes público y privado, con unos 525 billones de pesos acumulados en los fondos privados, de los cuales el 48 por ciento está invertido en el exterior. Correa destacó que este incremento representa casi un 50 por ciento más en el capital requerido, haciendo más difícil lograr una pensión mínima, especialmente en un país con tasas de informalidad laboral entre el 55 y el 60 por ciento.
Deslizamiento salarial y sobrecostos al sistema
En declaraciones a medios como El Colombiano, Correa explicó que “con incrementos tan considerables como el actual, se vuelve más difícil lograr el capital necesario para una pensión mínima”. Agregó que “antes del incremento, una renta vitalicia para una pensión de salario mínimo costaba aproximadamente 350 millones de pesos. Con los impactos del aumento salarial y otros decretos, hoy se requieren cerca de 550 millones de pesos. Es un incremento de casi el 50 por ciento en la suma necesaria”. Además, subrayó las diferencias entre regímenes: “En el régimen público de Colpensiones, los requisitos de semanas y edad se mantienen, pero la mesada se ajusta. En el sistema privado, donde es posible pensionarse anticipadamente si se tiene el capital suficiente, el desafío es mayor”.
“Independientemente de la reforma, el sistema pensional colombiano tiene el salario mínimo como variable fundamental. Al ser la mesada mínima, cualquier incremento superior a los cálculos técnicos —por encima de la inflación y la productividad— genera un impacto. Existe un fenómeno técnico llamado deslizamiento, que es la diferencia entre el IPC y el aumento del salario mínimo; cuando esta decisión es política y no técnica, se generan sobrecostos en el sistema”.
Juan David Correa, presidente de Protección
El directivo también advirtió sobre los riesgos fiscales: “Al extender subsidios hasta los 2,3 salarios mínimos, el costo para el Estado es muy alto. El pasivo pensional del país, que hoy es del 120 por ciento del PIB, podría elevarse hasta el 180 por ciento o 200 por ciento. Estamos comprometiendo la sostenibilidad fiscal futura del país”. En Protección, entre 50.000 y 60.000 personas han traslado a Colpensiones aprovechando la ventana vigente hasta mediados de 2026 con doble asesoría, en medio de la reforma pensional aprobada por el Congreso en 2024 que permanece en limbo jurídico por una decisión pendiente de la Corte Constitucional.
Otros desafíos incluyen el retiro programado, donde la mesada mínima obliga reajustes si los rendimientos no alcanzan, agotando el capital más rápido, y datos secundarios como la rentabilidad local desde 2011, que es la mitad de la internacional, con un proyecto normativo que propone un tope del 35 por ciento en inversiones exteriores en cinco años, implicando repatriar 13 puntos porcentuales. De cada 100 pesos recibidos por un pensionado en Protección, 70 provienen de rendimientos, lo que resalta la vulnerabilidad ante estos vaivenes salariales y regulatorios.
