En una noticia que reabre la discusión sobre la permeabilidad del conflicto armado en la administración local, Angie Liset Jaramillo Arias, alias «la Crespa», fue capturada bajo la imputación de haber filtrado información reservada a disidencias de las Farc para facilitar crímenes, y se ha vinculado su nombre al asesinato de ocho líderes religiosos y sociales ocurridos el 4 de abril de 2024 en Calamar, Guaviare. Jaramillo Arias, quien trabajaba como judicante y abogada de la Personería de Calamar, mantiene una relación contractual con la Alcaldía desde 2017; en marzo de 2024 su cargo se describía como contratista y judicante y, el contrato más reciente, fechado el 13 de junio de 2024, fue por 11 millones de pesos para servicios de asistencia jurídica y administrativa en esa entidad. En julio de 2024 se realizaron trabajos de exhumación de los cuerpos de las víctimas en la zona selvática de Cofre, a orillas del río Itilla.
Las investigaciones señalan que la acusada transmitía información a la estructura disidente Armando Ríos de las Farc para facilitar la planificación de los crímenes. Las víctimas, todas originarias de Arauca, fueron citadas con el pretexto de investigar una posible vinculación con el ELN, retenidas y ejecutadas en Cofre, cerca del río Itilla. El operativo para la masacre fue liderado por Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller, y contó con la participación de otros integrantes de la organización, entre ellos alias Yucape. La Fiscalía imputó a Miller, Yucape y Jaramillo Arias los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo; ninguno aceptó cargos. La investigación se inició el 4 de abril de 2024 y recibió cooperación de la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía e el Instituto Nacional de Medicina Legal para localizar y exhumar los cuerpos en julio de 2024.
Relevancia y contexto de seguridad institucional en Calamar
El presente caso subraya la permeabilidad del conflicto en estructuras estatales y la vulnerabilidad de la administración local de Calamar ante infiltraciones de actores armados. La captura de una funcionaria de la Personería y las imputaciones que le rodean reabren el debate sobre la seguridad institucional en zonas afectadas por la violencia, así como los riesgos para la población ante la posible filtración de información a disidencias de las Farc y otros grupos armados.
«Ella no era secretaria, era judicante. Tenía contratos de prestación de servicios más o menos desde 2022» – Emeling Adriana Mosquera Peña, personera municipal de Calamar.
«La Personería está dispuesta a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y reiteró que la información sobre la supuesta condición de secretaria es incorrecta.» – Emeling Adriana Mosquera Peña, personera municipal de Calamar.
El análisis de las autoridades señala que, además de las implicaciones penales, el caso expone fallas estructurales y riesgos para la población local ante posibles filtraciones de información a actores armados. Con la exhumación de cuerpos en julio y las investigaciones en curso, el caso continúa desarrollándose y podría definir nuevas pautas de control y seguridad para las entidades públicas en Calamar y la región del Guaviare.
