En un giro inusual que involucra a un ladrón como denunciante, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura en Cali de una mujer señalada de abusar sexualmente de su propia hija de nueve años. El caso salió a la luz después de que un hombre, que había hurtado el celular de la mujer, desbloqueara el dispositivo y encontrara en su interior varios videos que evidenciaban el aberrante crimen. Lejos de callar, el ladrón decidió difundir su hallazgo en redes sociales, una publicación que se volvió viral y que terminó activando la maquinaria judicial.
La denuncia pública del hombre que cometió el hurto se convirtió en la pieza clave para que las autoridades iniciaran la recolección de pruebas. A partir de esos registros audiovisuales, en los que aparece la mujer, los investigadores lograron ubicarla y materializar su captura. La Fiscalía le imputó el cargo de acceso carnal violento contra menor de edad, delito que cometió presuntamente contra su hija. Sin embargo, el expediente no se cierra ahí: las autoridades mantienen abierta una línea de investigación para determinar si el material de explotación sexual infantil fue distribuido desde el mismo celular de la capturada.
Un hallazgo que removió conciencias
El contenido encontrado por el ladrón no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de los hechos. En los videos se observa a la mujer cometiendo actos de abuso contra la niña, quien por su corta edad no podía consentir ninguna de esas prácticas. La difusión inicial de las imágenes, aunque efectiva para destapar el caso, también plantea interrogantes sobre la vulneración adicional a la intimidad de la menor. Pese a ello, la denuncia del hombre que hurtó el teléfono logró lo que muchos callaron durante tiempo: poner a la víctima a salvo y trasladar el asunto a los estrados judiciales.
La captura de la mujer representa un avance en la lucha contra la violencia sexual infantil, pero también evidencia la complejidad de estos casos, donde el agresor suele ser un miembro del entorno familiar. La Fiscalía trabaja ahora en dos frentes: consolidar la acusación por el abuso y establecer si existió una red de distribución del material, un agravante que podría aumentar la pena. Mientras tanto, la niña de nueve años queda bajo protección del Estado, en un proceso de restablecimiento de derechos que busca mitigar el daño causado por quien debía cuidarla.
