En un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijin), cinco personas fueron capturadas y procesadas por administrar dos grupos privados de mensajería instantánea dedicados al almacenamiento, distribución y venta de material de abuso sexual infantil en Colombia. La red operó durante casi seis meses, entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, tiempo en el que logró compartir más de seiscientos videos y fotografías de menores de edad en actividades sexuales explícitas con al menos ciento cuarenta contactos. Las diligencias de registro y allanamiento se ejecutaron de manera simultánea en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca).
Según la investigación, los grupos privados funcionaban dentro de una aplicación de mensajería instantánea bajo los nombres «Venta 33», también referido como «2033», y «Cvpa». El primero contaba con aproximadamente noventa miembros, mientras que el segundo reunía a cerca de cincuenta y nueve. El ingreso a estos canales no era libre: los interesados debían realizar consignaciones o transferencias bancarias cuyos conceptos registraban expresiones como «compra de contenido», lo que permitió a las autoridades rastrear los movimientos financieros y establecer la conexión entre los procesados. Además de almacenar el material en los grupos, los administradores también lo difundían de manera individual a cambio de dinero, ampliando así el alcance de la red.
Audiencia de imputación y cargos
Durante la audiencia de imputación, el fiscal del caso detalló la manera en que operaba la estructura criminal. La descripción de los hechos quedó registrada en la siguiente declaración textual, en la que se explica la mecánica del delito, el período de operación y el contenido de los archivos compartidos:
«Señor Milton Darwin, la Fiscalía le comunica formalmente, de los hechos jurídicamente relevantes por los cuales usted está siendo imputado en esta manera y es: entre el 24 de julio del 2024 al 31 de enero del 2025, en la aplicación de mensajería funcionaron los grupos privados denominado “2033”, con aproximadamente noventa miembros y el grupo “CVPA”, con aproximadamente 59 miembros, cuyo acceso se obtenía mediante pago. En ellos se almacenaban, se ponían a disposición de sus miembros archivos de fotografías y videos que contenían representaciones reales de actividad sexual implícitas en las que participaban menores de dieciocho años. Dicho material consistía en acceso carnal, actos sexuales o exhibición de genitales connotación sexual y rango de edad de víctimas eran menores de edad, representaciones reales de actividad sexual de personas menores de dieciocho años y con voluntad de ofrecerlo y venderlo y transmitirlo. Posteriormente, se realizó dentro de las investigaciones el análisis de movimientos financieros asociados a dicha cuenta, identificándose múltiples consignaciones y transferencias cuyos conceptos registraban expresiones tales como ‘compra de contenido’.
Tras la imputación, Milton Darwin Bohórquez Alfonso, quien figuraba como uno de los principales procesados, aceptó los cargos presentados por la Fiscalía. Los otros cuatro detenidos, cuyos nombres no fueron revelados en el auto de procesamiento, recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las diligencias judiciales. Los dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos —entre ellos celulares y memorias USB— quedaron bajo análisis del cuerpo técnico de investigación para profundizar en el rastreo de posibles víctimas y determinar el alcance total de la red.
Los cargos imputados a los capturados incluyen pornografía con personas menores de dieciocho años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, delitos contemplados en el Código Penal colombiano. La investigación fue articulada entre la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uuenna) de la Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional, en el marco de los esfuerzos institucionales por combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales. Aunque en esta fase del proceso no se han identificado de manera concreta a las víctimas, el análisis forense de los equipos incautados y de los movimientos financieros continúa su curso para determinar el origen del material y la posible presencia de menores agredidos en el país.
