En un operativo simultáneo realizado en Medellín, Barranquilla y Montería, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) capturó a once presuntos integrantes de una red criminal acusada de desviar más de tres mil millones de pesos en subsidios estatales. Según informó el coronel Elver Vicente Alfonso, director de la Dijín, la organización, cuyo cabecilla responde al alias de Yeimar, operaba mediante suplantación de identidad y fraude informático, aprovechando los sistemas de validación biométrica para hacerse pasar por beneficiarios legítimos de programas sociales. La investigación se extendió por más de un año, desde 2023 hasta la actualidad, y permitió identificar un complejo entramado delictivo que comenzó en Medellín y otros municipios de Antioquia, para luego expandirse a Ibagué, Montería y Barranquilla.
El modus operandi de la red era altamente sofisticado: manipulaban huellas dactilares, alteraban registros biométricos y accedían ilegalmente a los sistemas informáticos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). De esta manera, lograban retirar los subsidios que debían ir a manos de población vulnerable a través de los programas Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas. La estructura estaba perfectamente organizada, con roles definidos para el reclutamiento de cómplices, la falsificación de documentos, la realización de los cobros y la ejecución de las suplantaciones.
Balance de la operación y evidencias incautadas
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron nueve computadores, ocho teléfonos celulares, tres discos duros, máquinas laminadoras, lectores biométricos y lectores de códigos de barras, equipos que eran utilizados para la elaboración ilícita de cédulas de ciudadanía y otros documentos falsos. En total, la Fiscalía ha identificado a más de 334 víctimas a nivel nacional, ha registrado 49 denuncias penales y 69 quejas radicadas ante la red multiservicios. Los once capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las detenciones, y todo el material incautado forma parte de las evidencias del proceso judicial.
“Se pudo establecer que el dinero desviado correspondía a los subsidios de los programas estatales Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas, identificando más de 334 víctimas a nivel nacional, 49 denuncias penales y 69 quejas ante la red multiservicios”.
Coronel Elver Vicente Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín)
Las autoridades advierten que la investigación continúa y no descartan nuevas capturas, entre ellas la de posibles funcionarios públicos que habrían entregado información privilegiada a la red criminal para facilitar el fraude. Mientras tanto, los once detenidos permanecen a disposición de la justicia, a la espera de que se definan las medidas de aseguramiento correspondientes por los delitos de concierto para delinquir, fraude informático y suplantación de identidad, entre otros.
