En uno de los operativos más ambiciosos contra el crimen ambiental en Colombia, las autoridades lograron la captura de 17 personas, entre ellas el exalcalde de Mapiripán, Jorge Iván Duque Lenis, señalados de integrar una red criminal responsable de la deforestación de 52.000 hectáreas de bosque nativo y el acaparamiento ilegal de más de 165.000 hectáreas de tierras baldías en el departamento del Meta. El operativo, coordinado por el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF) y ejecutado por la Policía Nacional, la Fiscalía General, las Fuerzas Militares y la UIAF, representa un cambio de estrategia en la política criminal del Estado, que ahora se enfoca en perseguir a los “grandes determinadores” de la deforestación y no solo a los ejecutores directos.
La investigación reveló que la organización criminal operaba mediante la apropiación fraudulenta de 60 baldíos de la Nación, utilizando la quema y tala masiva de bosques para transformar áreas protegidas en tierras para ganadería y agroindustria ilegal. Como parte de su accionar delictivo, la red abrió 68 kilómetros de vías ilegales sin ninguna licencia ambiental, fragmentando corredores biológicos vitales para la fauna. El impacto ecológico de estas acciones afectó gravemente a cinco áreas protegidas: los Parques Nacionales Naturales Cordillera de los Picachos, Tinigua, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete, además de la Reserva Nacional Natural Nukak.
“Ir tras los grandes determinadores de la deforestación”
La ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, quien también se desempeña como directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), fue la encargada de anunciar el operativo. En sus declaraciones, Vélez subrayó la dimensión real de las redes criminales que están detrás de la deforestación en Colombia, destacando que la estructura desarticulada no solo acaparó tierras y deforestó bosques, sino que también corrompió instituciones locales para facilitar el despojo y legalizar tierras de manera fraudulenta. La ministra indicó que el Gobierno ha cambiado la estrategia de persecución penal, pasando de enfocarse en campesinos colonos a perseguir a las cabezas financieras y políticas de estas organizaciones.
«¡Ir tras los grandes determinadores de la deforestación ha sido una prioridad de nuestro Gobierno! A la vez que llegamos a los territorios con incentivos económicos para las comunidades campesinas que protegen los bosques, también actuamos con contundencia contra quienes se enriquecen destruyendo la naturaleza y apropiándose ilegalmente de las tierras de la Nación.»
Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible
La ministra también divulgó un video del procedimiento judicial donde se leen los derechos a los implicados, mostrando la contundencia de la operación. Según Vélez, la investigación expone cómo las economías ilícitas que destruyen la naturaleza operan a través de la captura de las instituciones, corrompiendo al Estado para la acumulación ilegal de riqueza. “Con este operativo, desmontamos un modelo criminal que convirtió la destrucción de la naturaleza en una forma de acumulación”, afirmó la funcionaria. La captura del exalcalde de Mapiripán es clave en esta estrategia, pues demuestra cómo la red instrumentalizó la influencia política local para facilitar sus actividades ilegales y, presuntamente, legalizar tierras despojadas.
«Como lo ha señalado el presidente Gustavo Petro desde hace años, las economías ilícitas que destruyen la naturaleza operan a través de la captura de las instituciones, corrompiendo al Estado para la acumulación ilegal de riqueza. Con este operativo, desmontamos un modelo criminal que convirtió la destrucción de la naturaleza en una forma de acumulación.»
Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible
