La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia impuso una condena de 110 meses y 22 días de prisión a Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, exgobernador del Putumayo, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción. La sentencia, conocida este 7 de mayo de 2026, también ordenó la captura inmediata del procesado, la cual ya se materializó. En contraste, Camilo Augusto Otaya Díaz, quien fungió como gobernador encargado en esa época, fue absuelto de los cargos en su contra.
Los hechos se remontan a 2008, cuando Guzmán Mendoza suscribió los convenios 150 y 151 con la Fundación Cultural del Putumayo y la Fundación Futuro Ambiental del Putumayo, respectivamente. Estos contratos, por un valor de 253 millones 802 mil 700 pesos para el primero y 216 millones 207 mil 300 pesos para el segundo, tenían como objeto la fabricación de juguetes destinados a niños de bajos recursos en el departamento. Sin embargo, las fundaciones carecían de experiencia y capacidad técnica para ejecutar las obras, y los convenios fueron divididos intencionalmente para evadir el proceso de licitación pública, violando los requisitos legales.
Irregularidades que derivaron en la condena
Ambos convenios presentaban un objeto contractual idéntico, lo que agravó las irregularidades detectadas por la Corte Suprema. La decisión judicial destaca que Guzmán Mendoza actuó con dolo al autorizar estas suscripciones, mientras que Otaya Díaz fue exonerado por no evidenciarse intención delictiva en su participación. La condena busca sancionar estas prácticas que comprometen la transparencia en la gestión pública del Putumayo.
La noticia se encuentra en desarrollo, a la espera de posibles apelaciones o pronunciamientos adicionales de las partes involucradas, en un caso que resalta los controles necesarios sobre los contratos estatales en Colombia.
