En un caso que ha sacudido la credibilidad institucional en el departamento del Cauca, la Fiscalía General de la Nación desarticuló una red de corrupción al interior de la Policía Nacional en el municipio de El Tambo, donde un mayor, dos patrulleras y un civil fueron imputados por los delitos de prevaricato por omisión, peculado por apropiación y hurto calificado y agravado, tras presuntamente comercializar al menos diez motocicletas que habían sido recuperadas por la misma institución y que debían permanecer bajo custodia oficial.
Los hechos salieron a la luz tras una investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que logró establecer que entre el 18 de enero y el 15 de febrero de 2026, los implicados habrían montado un verdadero concesionario clandestino dentro de la Estación de Policía de El Tambo. Los procesados omitieron reportar el resultado de los procedimientos y facilitaron que terceras personas se llevaran diez de los automotores del parqueadero de la instalación policial, según señaló la Fiscalía en su escrito de acusación.
Los roles de cada implicado en la trama
El mayor Ángelo Leonardo Hernández Rubiano, quien fungía como comandante de la estación, habría facilitado las omisiones en los registros oficiales y autorizado los retiros de las motocicletas sin que mediara ningún procedimiento legal. La patrullera Diana Marcela Leiton Sánchez, por su parte, fue la encargada de realizar los procedimientos de incautación de los vehículos, pero omitió notificar a sus superiores sobre la recuperación, lo que permitió que posteriormente coordinara la extracción de varias motos el 15 de febrero. La patrullera Tatiana Alejandra Joaqui Zúñiga, quien se desempeñaba como secretaria de la estación, tuvo un papel clave el 18 de enero: ese día relevó a los guardias de turno aduciendo que la orden provenía del mayor Hernández Rubiano, según detalló la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió el ingreso de civiles al parqueadero. El civil Yecid Castro Rojas participó directamente en la extracción de los vehículos, completando así el eslabón de la cadena delictiva.
«Ese día relevó a los guardias de turno aduciendo que la orden provenía del mayor Hernández Rubiano»
Fiscalía General de la Nación
Las motocicletas, la mayoría de las cuales fueron recuperadas en operativos sobre la Vía Panamericana, en el sector Río Blanco de Popayán (Cauca), habían sido reportadas como hurtadas en distintas regiones del país. Sin embargo, una vez en poder de la Policía, nunca fueron ingresadas formalmente al sistema ni reportadas como recuperadas. Los investigadores del CTI lograron documentar al menos dos fechas concretas de extracción: el 18 de enero y el 15 de febrero de 2026, cuando los vehículos salieron del parqueadero de la estación de El Tambo sin que quedara registro alguno.
Tras las capturas, que se realizaron en operativos simultáneos del CTI con apoyo de la Policía en Popayán y Tunja (Boyacá), los cuatro implicados fueron presentados ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia de imputación, ninguno de ellos aceptó los cargos. La Fiscalía solicitó y obtuvo medidas de aseguramiento diferenciadas: el mayor Hernández Rubiano y las dos patrulleras, Leiton Sánchez y Joaqui Zúñiga, deberán cumplir la medida en un centro carcelario, mientras que el civil Castro Rojas quedó bajo detención domiciliaria en su lugar de residencia, medida que busca evitar la obstrucción de la investigación y el riesgo de fuga.
El caso ha generado gran preocupación en la comunidad de El Tambo y en el departamento del Cauca, pues pone en entredicho los controles internos de la Policía Nacional para la custodia de bienes recuperados. La investigación continúa en curso para determinar si existen más víctimas o si la red tenía alcances más amplios. Mientras tanto, los cuatro procesados deberán enfrentar un proceso penal que podría derivar en condenas ejemplares por el desvío de vehículos que, por ley, debían ser devueltos a sus legítimos propietarios o ingresar a los depósitos judiciales.
