La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas, entre ellas funcionarios activos y exfuncionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), acusados de integrar una red de corrupción que manipulaba procesos judiciales a cambio de sobornos que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos. Entre los detenidos figuran el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, de la Dijín; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, también de esa dependencia; el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, de la misma institución; Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, del CTI; los exfuncionarios de Policía e Inpec, Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez; y el particular Jimmy Gerardo Casas Torres. Las capturas se realizaron en Bogotá, Chiquinquirá en Boyacá, Pereira en Risaralda y Granada en Meta, tras investigaciones que revelaron reuniones en Bogotá y Villavicencio, Meta, donde exhibían información reservada y entregaban memorias USB con documentos sensibles para presionar a los afectados.
Los implicados presuntamente filtraban expedientes judiciales, borraban pruebas, obstruían investigaciones, ocultaban bienes, inducían declaraciones falsas e intimidaban a servidores públicos, todo con el fin de favorecer a investigados en casos de lavado de activos y narcotráfico, evitando medidas cautelares, órdenes de captura y procesos de extinción de dominio. Los hechos se remontan a 2014 y 2015, con actividades recientes en 2024 y hasta 2025, afectando principalmente a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos, sus familiares y personas con antecedentes penales internacionales o lazos con el narcotráfico. Esta red aprovechaba los cargos públicos para exigir sumas millonarias y ejecutar represalias como la destrucción de evidencia o declaraciones falsas contra allegados.
Operación liderada por el Grupo de Tareas Especiales
La investigación fue adelantada por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía General de la Nación, que desarticuló esta estructura delictiva centrada en casos de lavado de activos. Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para imputarles cargos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario. El anuncio de las capturas se realizó en la víspera del 29 de diciembre, destacando la gravedad de la corrupción interna en instituciones clave de la justicia y la seguridad.
«En los casos detectados algunos de los implicados se habrían reunido con los afectados en Bogotá y Villavicencio (Meta) y exhibido información reservada sobre procedimientos que se realizarían para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos».
Fiscalía General de la Nación
«Estas personas presuntamente aprovecharon los cargos que desempeñaron e hicieron exigencias económicas que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares para evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, impedir que se ejecutaran órdenes de captura, entre otras acciones judiciales en su contra».
Fiscalía General de la Nación
Este caso expone la vulnerabilidad de los sistemas judiciales ante la corrupción interna, subrayando la necesidad de mayor control en entidades como la Dijín, el CTI y la Policía Nacional, especialmente en regiones como Risaralda y Meta, donde las capturas resaltan el alcance nacional de la red. Las autoridades continúan las pesquisas para identificar posibles cómplices y garantizar que la justicia no sea permeable a sobornos que protegen a narcotraficantes y lavadores de activos.
