Juan Carlos Ramírez Taborda, conocido como alias Manicomio, un expiloto y testigo clave del ente acusador, levantó una denuncia que sacudió los cimientos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, al revelar una red de corrupción dedicada a extorsionar a procesados por lavado de activos y exnarcotraficantes. Esta mafia manipulaba expedientes judiciales a cambio de sumas millonarias, lo que derivó en la captura de ocho personas, entre ellas funcionarios de la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía, miembros del CTI, policías, un exinvestigador, un exintegrante del Inpec y un supuesto abogado. Las operaciones se centraban en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y las URI, donde las víctimas eran sometidas a amenazas sistemáticas con guiones escritos, seguimientos, interceptaciones telefónicas, entregas de expedientes en USB y hasta números de procesos anotados en servilletas, todo para forzar pagos en efectivo y generar espacios vacíos en peritajes forenses que permitieran tumbar los casos más adelante.
Los montos extorsionados superaban los mil millones de pesos, con pagos específicos como los 300 millones de pesos recibidos por el supuesto abogado y ofertas de hasta 100 millones para asistentes de fiscales. Según el denunciante, la red operaba con órdenes provenientes de niveles superiores, prometiendo acceso privilegiado a expedientes y soluciones para evitar condenas, mientras presentaban documentos en la Fiscalía que dejaban falencias intencionales en los procesos contables forenses.
El regreso amargo y las amenazas persistentes
Ramírez Taborda, quien acababa de concluir una condena en Estados Unidos por narcotráfico, regresó a Colombia solo para enfrentar el peor error de su vida, como él mismo lo describe, junto a su familia señalada como testaferros. Sus revelaciones, documentadas en un expediente presentado por la revista Semana, desencadenaron una investigación interna en la Fiscalía, con allanamientos que hallaron guiones detallados de intimidación. Sin embargo, los implicados descargaron la denuncia sin autorización, lo que generó nuevos cargos en su contra, e incluso aludieron a alianzas con bandas de sicarios en San Andresito para reforzar las presiones.
«Regresar a Colombia fue el peor error de mi vida».
Juan Carlos Ramírez Taborda, denunciante
«Presentaban en la Fiscalía, nosotros no quedamos presos y que el proceso seguía, pero ellos dejaban unas falencias, que el contador forense las dejaba y con eso más adelante el proceso se caía».
Juan Carlos Ramírez Taborda, denunciante
A pesar de las capturas, los líderes de la red permanecen en libertad, y las amenazas contra Ramírez Taborda y su abogada continúan sin una protección estatal efectiva, dejando al descubierto vulnerabilidades profundas en el sistema judicial colombiano que podrían perpetuar este tipo de corruptelas si no se actúa con mayor contundencia.
