Capturan en Cartagena a presunto feminicida de Vanessa Vera, asesinada en el norte de Bogotá

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En una audiencia que se extendió por cuatro horas y media, desde las siete de la noche hasta las once y media de la noche del pasado 12 de noviembre, la justicia capitalina impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra el hombre señalado como responsable del feminicidio de Vanessa Vera, una mujer de 46 años que perdió la vida tras ser atacada con un arma cortopunzante en el norte de Bogotá. El procesado, cuya identidad no ha sido revelada, deberá afrontar el proceso desde la cárcel por el delito de feminicidio agravado doloso, luego de que la jueza del caso encontrara suficientes elementos materiales probatorios para sustentar la decisión. La víctima fue agredida el 17 de octubre cuando intervino para auxiliar a una vecina en un episodio de presunta violencia intrafamiliar y, tras permanecer seis días en una Unidad de Cuidados Intensivos, falleció el 19 de octubre.

El abogado Felipe Serpa, representante de la familia de Vanessa Vera, confirmó a El Tiempo que el procesado no aceptó los cargos imputados, lo que descarta un juicio anticipado. “No aceptó cargos y no hay un juicio anticipado. Esta detención es meramente una medida cautelar, preventiva y renovable. Pero tenemos la certeza de que de ahí no va a salir”, declaró el jurista, quien destacó la contundencia de la decisión judicial. La captura del señalado feminicida se realizó en Cartagena, Bolívar, por parte del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional, tras una investigación que permitió ubicarlo en esa ciudad costera. Serpa añadió que la defensa del agresor no presentó recursos de reposición ni apelación, lo que allanó el camino para la medida privativa de la libertad.

Un “manual de feminicidio” según la jueza

El abogado Serpa calificó la actuación de la jueza como ejemplar, al punto de señalar que durante la audiencia la togado ofreció “un manual de feminicidio increíble”. “La medida, judicialmente hablando, está más que acorde. Porque la jueza dio un manual de feminicidio increíble y vio que con los elementos materiales probatorios que habíamos aportado, era más que suficiente para entender que sí había cometido el asesinato”, expresó el litigante, quien se mostró satisfecho con el resultado de la diligencia judicial. El caso ha generado conmoción no solo por las circunstancias del ataque, en las que Vera intentó proteger a otra mujer, sino también por el contraste entre la rápida acción judicial y la lentitud de las autoridades locales en materia de prevención.

De acuerdo con información revelada por la concejal Tata Hernández, en la Alcaldía Local de Suba, localidad donde ocurrieron los hechos, el presupuesto destinado para prevención de feminicidios asciende a 794 millones de pesos, recursos que al 2 de octubre de 2026 no tenían proceso contractual iniciado. La licitación correspondiente solo fue publicada el 22 de octubre de 2026, cinco días después del ataque contra Vanessa Vera. A esta cifra se suman 2.894 millones de pesos para programas de cuidado y autonomía económica de las mujeres en la misma localidad, que también carecían de proceso abierto en esa fecha. El contraste es aún más notorio si se compara con la rapidez con que se destinaron 1.885 millones de pesos en una licitación publicada en julio de 2026 para servicios de atención veterinaria en Suba.

“Se logró hacer la audiencia, desde las 7 de la noche hasta las 11:30 de la noche. Logramos que enviaran a este individuo a prisión, por el feminicidio agravado en modalidad dolosa, tendrá que afrontar el proceso desde la cárcel”.

Felipe Serpa, abogado de la familia de la víctima

El abogado de la familia reiteró su confianza en que el procesado permanecerá recluido durante el desarrollo del proceso, pese a que se trata de una medida cautelar y renovable. La jueza, al imponer la privación de la libertad, valoró la gravedad de los hechos y el riesgo de que el agresor pudiera evadir la acción de la justicia. Mientras tanto, el contrato para la prevención de violencia en Suba, que tendría una duración de ocho meses, implicaría que las acciones se ejecutarían durante 2027, pese a que los recursos estaban destinados para la vigencia 2026, lo que deja en evidencia las fallas en la planificación presupuestal para enfrentar una problemática que continúa cobrando vidas como la de Vanessa Vera.

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