En un operativo conjunto del Gaula Militar, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, fue capturado en Neiva, Huila, Carlos Oyola, funcionario del grupo de tecnología de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La detención se produjo el viernes 6 de noviembre de 2026, luego de que una orden de captura estuviera vigente desde el 7 de mayo del mismo año, es decir, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial celebrada el 21 de junio de 2026. A Oyola, ingeniero de sistemas, se le señala de coordinar una red de hackers, activistas digitales y bodegueros, además de planear ataques informáticos contra la Registraduría Nacional con el propósito de alterar los resultados electorales.
Documentos internos de la DNI, citados en la investigación, describen a Oyola como el líder de una red que ejecutaría las acciones para modificar los resultados de la votación del 21 de junio, en la que otros integrantes realizarían los ataques contra la Registraduría. Los mismos informes indican que el funcionario habría hackeado entidades del Estado para que la sección de contrainteligencia tuviera acceso a sus bases de datos, las cuales posteriormente habría alojado en una nube hasta perder la información. Según la documentación, el entonces director de contrainteligencia lo puso a disposición del exdirector general de la DNI, Jorge Lemus, quien lo reubicó en el grupo de tecnología de la entidad.
Un historial académico y laboral bajo sospecha
Carlos Oyola ingresó a la DNI en febrero de 2024, después de haber trabajado en el Fondo Colombia en Paz, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), desde enero de 2023. Sin embargo, su trayectoria ya presentaba antecedentes problemáticos. En 2022, fue vinculado a un contrato supervisado por la Contraloría General de la República, con vigencia de dos meses desde octubre de ese año, en el que presentó como soporte académico una especialización cuya fecha de grado era posterior a la firma del contrato. Ese mismo año, fue investigado junto a su hermano gemelo por un presunto intento de fraude informático.
En 2023, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) denunció irregularidades en su historial académico. Un acta del consejo académico de la institución señaló que se encontraron inconsistencias no solo en una maestría cursada por Oyola, sino también en una especialización en gestión pública, lo que generó una investigación penal por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, falsedad en documento privado, fraude procesal y concierto para delinquir.
“Encontramos que este estudiante tiene algunas inconsistencias en su historial académico, no solo en la maestría; sino también en el programa cursado de especialización en gestión pública.”
Acta del consejo académico de la UNAD, 2023
La fuga y el proyecto inconcluso
A pesar de tener una orden de captura en su contra desde mayo de 2026, Oyola continuó vinculado a la DNI hasta el momento de su detención. Horas antes de la primera vuelta presidencial, logró escapar de un allanamiento que el CTI realizó a un apartamento que funcionaba como fachada de la DNI, dejando abandonados equipos electrónicos. Además, estaba a cargo del desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC versión 2), un proyecto que, según un informe de la DNI a la Presidencia de la República en septiembre de 2026, no presentó resultados concretos. El funcionario reportó el hurto del computador en el que trabajaba en el desarrollo del sistema, sin que se hubiera entregado avance alguno.
El exinspector de la DNI, Juan Carlos Restrepo, cuestionó públicamente que la entidad no hubiera denunciado la situación de Oyola ante los requerimientos judiciales, pese a las múltiples señales de alerta. Oyola, nacido en Neiva, inició su carrera pública en septiembre de 2018 como asistente del entonces senador Rodrigo Villalba Mosquera, quien actualmente se desempeña como gobernador del Huila. Su captura en su ciudad natal cierra un capítulo de más de dos años de investigaciones que ahora deberán determinar su responsabilidad en los delitos informáticos y la presunta manipulación electoral que se le imputan.
