En un golpe contundente contra el crimen transnacional, Jafar Tarakory, ciudadano iraní y líder de una red dedicada al tráfico de migrantes, fue capturado en Pereira, Risaralda, por autoridades colombianas en coordinación con agencias estadounidenses. La Fiscalía General de la Nación, junto a Homeland Security Investigations (HSI) y la Policía Nacional a través de Dijín e Interpol, ejecutó la orden de registro y allanamiento emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos por tráfico de migrantes. Esta acción responde a una solicitud de la Corte Distrital del Oeste de Texas y forma parte de esfuerzos coordinados desde mediados de 2024, con miras a su extradición a Estados Unidos por cargos de conspiración para introducir extranjeros en ese país con fines de lucro.
La red encabezada por Tarakory operaba a gran escala, abarcando Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, y facilitaba el tránsito irregular de iraníes a través de Colombia hacia México y otros destinos con el objetivo final de llegar a territorio estadounidense. Los servicios incluían transporte, alojamiento, alimentación, líneas móviles y acompañamiento personalizado, cobrando hasta 30.000 dólares por persona. Durante la captura se incautaron equipos electrónicos y dinero en efectivo, elementos probatorios que ya fueron puestos a disposición de las autoridades estadounidenses.
Trabajo articulado entre Colombia y Estados Unidos
El trabajo conjunto entre la Fiscalía colombiana y HSI de Estados Unidos resultó clave para desmantelar esta estructura criminal, que explotaba vulnerabilidades migratorias en la región. Tarakory permanecerá bajo custodia de la Fiscalía mientras avanzan los trámites de extradición, en un proceso que subraya el compromiso de Colombia en la lucha contra el tráfico de personas y el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad.
Esta captura no solo representa un avance significativo en la erradicación de redes que lucran con la migración irregular, sino que también envía un mensaje claro a organizaciones criminales transnacionales que operan en territorio colombiano, reafirmando la capacidad de las instituciones para proteger los derechos humanos y las fronteras.
