Rodin Alexis Acosta Hernández agredió físicamente a su expareja, María Isabel Martínez Acosta, en la vía pública del barrio Popular de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, durante una discusión originada por el impago de dos cuotas de una motocicleta. El incidente, ocurrido recientemente, fue presenciado por transeúntes que grabaron el momento en video, mostrando cómo el agresor propinaba golpes en el rostro a la víctima. Tras la denuncia ante la Policía Nacional, Acosta Hernández fue capturado e imputado por los delitos de lesiones personales y violencia contra la mujer, con el respaldo del material audiovisual, pero un juez ordenó su libertad inmediata.
La agresión dejó a María Isabel Martínez Acosta con una incapacidad médica de siete días, según el dictamen médico. El caso fue trasladado a la Fiscalía 4 Seccional de Puerto López, donde se inició el proceso judicial, aunque la liberación del agresor ha generado controversia. Transeúntes capturaron el video sin intervenir directamente, lo que ha sido objeto de críticas por la aparente falta de empatía en el momento de los hechos.
Indignación en redes sociales por la no intervención y la decisión judicial
El video del ataque comenzó a circular ampliamente en redes sociales, desatando una ola de indignación entre los usuarios por la pasividad de los testigos y la posterior liberación del implicado. Muchos cuestionaron la efectividad del sistema judicial colombiano en casos de violencia de género, un problema recurrente en el país donde, según la Fiscalía General de la Nación, la mayoría de estos actos son perpetrados por parejas o exparejas.
“En serio? ¿Y las personas que graban y el resto de chismosos no hacen nada? Terrible tan poca empatía”
Usuario de X
“La justicia en Colombia no sirve de nada”
Usuario de X
“Esa es la justicia y luego aparece muerta la mujer y no pasa nada, que tristeza”
Usuario de X
“La violencia fue bidireccional, desde luego desproporcionada por parte del tipo”
Usuario de X
El proceso judicial continúa en curso, con exigencias públicas de medidas de protección inmediata para la víctima y un mayor rigor en la investigación para evitar impunidades que perpetúen la violencia contra las mujeres en Colombia.
