Las autoridades desarticularon un esquema de lavado de activos operado por la Comercializadora Internacional Mineros Exportadores S.A., conocida como C.I. Minex S.A., en Bucaramanga, Santander, durante más de una década. En un operativo reciente, la Policía Nacional, en conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía General de la Nación, capturaron a seis presuntos integrantes, entre ellos Mario Jesús Roa Fernández, representante legal de la empresa; Gabriel Jacobo Campo Quintero y Eduen Franklin Silva Mantilla. La investigación, iniciada en 2012 tras una alerta por anomalías en la compraventa de oro, reveló una simulación masiva de transacciones para legitimar dinero proveniente de la minería ilegal mediante facturas, transferencias y reportes tributarios ficticios.
La empresa, constituida en 2003 como exportadora de minerales, registró operaciones ante la DIAN por un valor total de 731.118 millones de pesos, con transacciones estimadas en más de 179.000 millones de pesos. El mecanismo consistía en registrar compraventas con proveedores que carecían de la capacidad económica para justificar tales volúmenes, girando recursos a terceros sin relación comercial alguna. Entre 2006 y 2010, seis proveedores concentraron más del 50 por ciento de las operaciones, con transacciones individuales que superaron los 47.000 millones y 34.000 millones de pesos. Peritajes contables evidenciaron inconsistencias, como el hecho de que el dinero raramente llegaba a las cuentas de los proveedores reportados, configurando un patrón de ocultamiento y dispersión típico de lavado de activos.
Un esquema millonario detrás de la minería ilegal
El oro comercializado provenía de actividades de minería ilegal, con graves impactos económicos y ambientales. “Detrás de documentos aparentemente legales y operaciones registradas ante autoridades tributarias, podía esconderse un complejo sistema financiero diseñado para legitimar dinero de origen ilícito proveniente de la minería ilegal”, afirmaron las autoridades de la Policía. La alerta inicial en 2012 detectó anomalías en las compraventas, lo que desencadenó una pesquisa que culminó en las capturas.
“detrás de las cifras reportadas existía algo más que simples transacciones comerciales”
Policía Fiscal y Aduanera
“estas personas no tenían el respaldo económico para justificar ventas por esas sumas”
Policía Nacional
“Evidenciaba un patrón consistente con mecanismos de ocultamiento y dispersión de recursos, característicos de esquemas de lavado de activos”, concluyeron las autoridades. Este golpe contra el crimen organizado en Santander subraya la vigilancia constante sobre el sector minero, donde el lavado de activos a través de transacciones ficticias representa una amenaza persistente para la economía legal y el medio ambiente.
