La ocupación ilegal de un predio ubicado en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, en el sector de La Conejera, localidad de Suba, persiste sin que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) haya ejecutado el sellamiento preventivo ordenado desde 2025, pese a las denuncias formales por invasión, daño ambiental y la operación de un vivero comercial dentro del área protegida. Así lo denunció la apoderada de la empresa propietaria del terreno, Luz Angela Pertuz Varela, quien advirtió que ya ha transcurrido más de un año desde que personas no autorizadas ingresaron al predio, instalaron polisombra y comenzaron a utilizar el lugar para pastoreo y vigilancia, una situación que, según pruebas fotográficas y de dron, ha escalado hasta albergar maquinaria pesada, un reservorio de agua y un vivero en pleno funcionamiento. El caso fue puesto sobre la mesa de control político en el Concejo de Bogotá el pasado 15 de julio de 2026, donde el cabildante Rubén Darío Torrado criticó la falta de acción estatal y señaló que las garantías no se están otorgando a los dueños legítimos, sino a quienes ocupan los terrenos de forma ilegal.
La problemática se remonta a 2024, cuando la CAR abrió una investigación por vertimientos ilegales de escombros en el predio, suelo que ya había sido identificado desde 2018 y 2020 como zona de protección dentro de la reserva forestal. Sin embargo, antes de que esa pesquisa avanzara, en junio de 2025 se produjo la invasión. Desde entonces, la ocupación ha escalado de manera progresiva: se instaló un cierre perimetral con latas, se han realizado descargas continuas de escombros y se ha construido infraestructura sin ningún tipo de autorización. Pese a que el director de la CAR declaró en enero de 2026 que se realizarían operativos de sellamiento en La Conejera, con posibles multas de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la apoderada de Pluserati S.A.S., propietaria del predio, afirmó que la corporación no ha procedido a ejecutar ningún sellamiento efectivo, a pesar de que existe una investigación abierta por parte de la misma entidad y de las autoridades policivas.
Denuncias y omisiones en la ruta institucional
En el Concejo de Bogotá, el concejal Rubén Darío Torrado subrayó que son muy pocas las acciones que ha desarrollado la administración distrital para frenar las invasiones o el aprovechamiento ilegal de terrenos que pertenecen tanto a los bogotanos como a particulares. El cabildante aseguró que el problema es estructural y que el aumento del 10% en invasiones de predios durante la actual administración evidencia una falta de control efectivo. Torrado enfatizó que las autoridades no están dando garantías a los dueños de los terrenos, sino a quienes los ocupan, lo que genera un precedente peligroso para la seguridad jurídica y ambiental. El caso ya ha llegado a la Fiscalía Local 556, donde se adelanta una denuncia penal, y además se ha interpuesto una tutela que se encuentra en impugnación, mientras se han elevado derechos de petición a la CAR solicitando la ampliación de la investigación y la orden de sellamiento, hasta ahora sin resultados concretos.
«Ya ha pasado un año desde el momento en que inició la invasión y a pesar de existir una investigación abierta por parte de la CAR y de las entidades policivas, la CAR no ha procedido a realizar ningún sellamiento al inmueble»
Luz Angela Pertuz Varela, apoderada de Pluserati S.A.S.
«En estos momentos en el inmueble ya se han hecho construcciones, se encuentra un vivero y un reservorio de agua. No nos explicamos por qué razón la CAR no ha hecho nada a pesar de que esta es una reserva forestal muy importante para todos los bogotanos»
Luz Angela Pertuz Varela, apoderada de Pluserati S.A.S.
La demora en la respuesta institucional ha generado un cronograma judicial que extiende aún más la incertidumbre. Las audiencias públicas por perturbación a la posesión están programadas para septiembre de 2026 y marzo de 2027, lo que implica una espera de hasta 18 meses para obtener una decisión judicial sobre la restitución del predio. Mientras tanto, el daño ambiental avanza sin control. La apoderada de la empresa propietaria reiteró su desconcierto ante la inacción de la CAR, recordando que el predio se encuentra dentro de una reserva forestal de vital importancia para la ciudad. El concejal Torrado, por su parte, instó a articular una «ruta policiva» más efectiva que involucre a la Alcaldía Local de Suba, las Secretarías Distritales de Gobierno y Ambiente, la Personería, la Contraloría Distrital y las inspecciones de Policía 11C y 11G, con el fin de frenar lo que calificó como una ocupación que vulnera tanto el derecho a la propiedad como la protección del ecosistema.
«Son muy pocas las acciones que ha venido desarrollando la administración distrital para evitar esas invasiones o ese aprovechamiento de unas personas de terrenos que son de los bogotanos y otros terrenos que son de unos particulares»
Rubén Darío Torrado, concejal de Bogotá
«Las garantías no se le están dando a los dueños de los terrenos, sino a los invasores»
Rubén Darío Torrado, concejal de Bogotá
El caso de La Conejera se convierte así en un símbolo de la fragilidad de la protección ambiental y la propiedad privada frente a la ocupación ilegal, donde la falta de coordinación entre las autoridades ambientales, policivas y judiciales ha permitido que una invasión que comenzó con escombros y polisombra se consolide con construcciones y actividad comercial, mientras el Estado observa desde la distancia. La comunidad y los propietarios esperan que las audiencias programadas para los próximos meses pongan fin a una espera que ya se ha prolongado por más de un año, en un contexto donde la reserva forestal Thomas van der Hammen sigue siendo, al menos en el papel, un pulmón verde para la capital.
