La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) detectó explotaciones ilegales de carbón en tres municipios de la provincia de Ubaté, dejando más de 17 suspensiones y procesos sancionatorios ambientales. Los operativos se concentraron en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa, donde se encontraron operaciones activas sin título minero ni licencia ambiental, según informó Julio César Sierra León, director seccional de la CAR en Ubaté. En las inspecciones técnicas se halló infraestructura como bocaminas, compresores, subestaciones eléctricas, patios de acopio, talleres y áreas de almacenamiento, además de documentarse vertimientos, descargas de aguas residuales mineras, sepultamiento de cobertura vegetal y afectaciones a quebradas y suelos. En algunos casos, los trabajadores entregaron información falsa y se retiraron ilegalmente sellos de suspensión que habían sido impuestos previamente.
En los municipios de Cucunubá, las veredas Pueblo Viejo y La Ramada fueron los puntos críticos; en Lenguazaque, las veredas Gachaneca y Espinal Carrizal; y en Sutatausa, la vereda Peñas de Boquerón. En Lenguazaque, específicamente en la vereda Espinal Carrizal, se identificaron seis bocaminas activas con vertimientos directos, disposición inadecuada de material estéril y almacenamiento de carbón a cielo abierto sin medidas de manejo ambiental. Además, una de estas explotaciones ilegales avanzaba dentro del área protegida del páramo de Rabanal y Río Bogotá, lo que agrava el impacto ecológico. En Sutatausa, una inspección se realizó tras una emergencia minera que causó la muerte de un trabajador, y en ese frente ilegal se encontraron 15 trabajadores y 30 toneladas de mineral listas para transporte. En 2023, al menos tres emergencias mineras fatales ocurrieron en Sutatausa, lo que evidencia un historial de incumplimiento y riesgo laboral.
La producción estimada en algunos puntos alcanzaba hasta 900 toneladas mensuales, lo que representa un significativo daño ambiental y económico para la región. Los daños documentados incluyen vertimientos incontrolados de material estéril y residuos de carbón, sepultamiento de cobertura vegetal, potreros y bosque nativo, arrastre de sedimentos hacia quebradas, descarga directa de aguas residuales mineras sin tratamiento, contaminación del suelo por hidrocarburos, aceites y combustibles, intervención de rondas hídricas y zonas de protección ambiental, así como alteración del terreno con riesgo de deslizamientos. La CAR impuso suspensiones inmediatas, instaló sellos de cierre y abrió procesos administrativos sancionatorios ambientales, además de coordinarse con las alcaldías municipales y la Agencia Nacional de Minería para garantizar el cumplimiento de las medidas.
Las autoridades advierten que algunas minas ya tenían antecedentes de suspensión y clausura por accidentes mineros fatales y daños ambientales, pero los responsables hicieron caso omiso a las suspensiones impuestas por las autoridades municipales y nacionales. Ante este panorama, la CAR anunció nuevos operativos de seguimiento y control en la provincia de Ubaté, en conjunto con las alcaldías y la Agencia Nacional de Minería, con el objetivo de erradicar la minería ilegal y proteger los recursos naturales y la seguridad de los trabajadores.
