La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció la revisión, reducción o suspensión temporal de las concesiones de agua en 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá, ante el riesgo inminente de desabastecimiento hídrico para el consumo humano. Así lo dio a conocer el director general de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, quien precisó que las medidas se aplicarán después de inspecciones técnicas en campo, mediante aforos y conceptos técnicos, priorizando siempre el suministro de agua potable para la población urbana y rural.
La decisión obedece a que el 33% de la jurisdicción de la CAR ya registra dificultades de abastecimiento, con un descenso preocupante de los caudales que afecta directamente la disponibilidad del recurso para el consumo humano. En ese escenario, la autoridad ambiental ordenó a sus 14 direcciones regionales examinar el estado de las fuentes superficiales y revisar los expedientes de los concesionarios con permisos de uso productivo, como los sectores industrial, comercial y agropecuario. La prioridad técnica y legal es clara: garantizar el agua para la gente, por encima de cualquier uso económico.
Alertas y municipios en riesgo
Entre los hallazgos más críticos se destaca que los municipios de Puerto Salgar y Viotá ya declararon calamidad pública por las restricciones severas en el suministro, mientras que Chaguaní impuso un racionamiento preventivo en su zona urbana. En total, son seis los municipios en alerta roja: Villeta, Caparrapí, Tocaima y El Colegio en Cundinamarca, a los que se suman seis en alerta naranja: Facatativá, Apulo, Agua de Dios, Guaduas, Cachipay y Fúquene en Cundinamarca, además de Buenavista en Boyacá. La alerta amarilla cobija a trece municipios adicionales: Anapoima, La Mesa, Anolaima, San Antonio del Tequendama, La Palma, Paime, Arbeláez, Granada, Venecia, Cabrera, Pandi, Tibacuy y Silvania, mientras que cinco municipios de Cundinamarca —Bituima, San Juan de Río Seco, Pulí y Beltrán— dependen del suministro a través de carrotanques.
«No podemos permitir que el estrés hídrico deje sin agua potable a la población»
Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR
Frente a esta situación, la CAR recomendó a las empresas y productores abstenerse de presentar nuevas solicitudes de concesión en fuentes superficiales ubicadas en áreas de riesgo, por falta de viabilidad técnica. La entidad también instalará mesas de acompañamiento con los sectores productivos para orientar alternativas al uso de fuentes superficiales, tales como la perforación de pozos profundos, la construcción de aljibes tecnificados, los sistemas de cosecha de agua lluvia y el aprovechamiento de fuentes superficiales secundarias no conectadas a los acueductos públicos. En paralelo, se reforzará la vigilancia sobre captaciones irregulares, desvíos de cauces y riegos sin permiso, con operativos para sellar los puntos de extracción ilegal.
Las acciones de control ya tienen resultados: en lo corrido de 2026 se iniciaron más de 300 procesos sancionatorios por afectaciones al recurso hídrico, que incluyen captaciones sin concesión, vertimientos ilegales, alteración de cauces, ocupación de rondas y exploración de pozos sin permiso. Mientras tanto, en las localidades al occidente de la Sabana de Bogotá que dependen de aguas subterráneas se impulsan medidas de ahorro para evitar un deterioro adicional del acuífero. Los pronósticos del Comité Hidrológico no son alentadores: se prevé una sequía extendida hasta agosto de 2027, por lo que la CAR insiste en que el agua debe administrarse con criterio de solidaridad y prioridad humana.
«El agua es para la gente»
Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR
En ese contexto de escasez creciente, la autoridad ambiental deberá equilibrar la necesidad de sostener la actividad productiva con la urgencia de preservar el recurso para el consumo básico. Las medidas de revisión, reducción o suspensión temporal de concesiones se ejecutarán con respaldo técnico en cada determinación, pero la premisa es innegociable: ningún desarrollo económico puede estar por encima del derecho fundamental al agua. La CAR hace un llamado a la corresponsabilidad de alcaldes, gremios y ciudadanía para enfrentar juntos la emergencia climática que ya se siente en los 35 municipios de su jurisdicción.
