El régimen venezolano respaldó al presidente Gustavo Petro tras su inclusión en la Lista Clinton por la OFAC, anunciada el 24 de octubre de 2025, junto con Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos, decisión que según Caracas abre un nuevo frente de fricción económica y legal en el sistema financiero internacional. La medida, comunicada por la Casa Blanca, fue recibida con un pronunciamiento oficial desde Caracas en el que se enfatiza el respaldo a Petro y se denuncia lo que describen como una injerencia extranjera en asuntos soberanos.
En un comunicado difundido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y la Cancillería, las autoridades venezolanas sostuvieron que las sanciones son ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial y denunciaron que violan el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. El texto detalla que la OFAC impone la prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales con entidades estadounidenses y la congelación de activos bajo la jurisdicción de Estados Unidos, afectando a Gustavo Petro Urrego, Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y, además, al ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti. El anuncio de la Casa Blanca y la designación han sido citados como parte de una respuesta que, aseguran, busca socavar la soberanía de Estados independientes y compatibilizarse con una supuesta estrategia de injerencia regional.
Contexto regional y antecedentes
La información de contexto señala que Petro ya había sido incluido en la Lista Clinton por la OFAC, y que la designación se amplió a su esposa, Verónica Alcocer, y a su hijo Nicolás Petro Burgos, así como al ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti. El régimen venezolano publicó hoy un comunicado de respaldo y denuncias tras el anuncio de la OFAC por parte de la Casa Blanca, subrayando que las sanciones generan tensiones regionales y que Venezuela no cederá ante lo que describe como una injerencia. El texto recuerda condenas previas de la ONU, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Derechos Humanos, a las medidas coercitivas unilaterales. En este marco, Caracas sostiene que las medidas coercitivas son mecanismos de agresión y presión política prohibidos por el sistema multilateral.
«acciones ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial» – Cancillería venezolana
«las llamadas medidas coercitivas unilaterales son “mecanismos de agresión y presión política prohibidos por el sistema multilateral”» – Cancillería venezolana
«criminalizar al presidente Gustavo Petro y promover la desestabilización interna en Colombia como parte de una estrategia de injerencia que pretende someter políticamente a los Estados independientes de la región» – Cancillería venezolana
La consecuencia de este movimiento diplomático se entiende en el marco de una tensión regional sostenida por sanciones internacionales y respuestas soberanas. El comunicado venezolano insiste en que estas medidas vulneran la soberanía y el derecho internacional, mientras que la ONU ya se ha expresado en el pasado sobre las preocupaciones que provocan las medidas coercitivas unilaterales, y el gobierno de Caracas las sitúa como parte de una trayectoria que requiere escrutinio y rechazo desde la cooperación multilateral.
