La Cámara de Representantes eligió este miércoles 29 de julio a Carlos Alberto Cuenca Chaux como nuevo presidente de la Comisión de Investigación y Acusación para el periodo legislativo 2026-2027, en una sesión que definió la conducción de este órgano clave para el equilibrio institucional. El representante por Guainía, miembro de Cambio Radical y considerado aliado de la familia Char, asumirá la dirección de la comisión encargada de tramitar más de 200 denuncias que reposan contra el presidente Gustavo Petro, en un contexto de inicio del nuevo cuatrienio del gobierno de Abelardo de la Espriella.
La elección se produjo por amplia mayoría legislativa tras acuerdos políticos entre bancadas, aunque no estuvo exenta de discrepancias internas. En el seno de Cambio Radical, un sector promovía al representante Welfran Mendoza para el cargo, pero la plenaria decidió mantener los compromisos previamente pactados. Como complemento a la nueva directiva, Katherine Pulecio Gómez fue designada como secretaria general de la comisión por decisión unánime, quien cuenta con una trayectoria previa en la Contraloría Municipal de Armenia y en la administración del Aeropuerto Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca.
Una comisión con peso constitucional e investigaciones abiertas
La Comisión de Investigación y Acusación es el único órgano constitucional facultado para investigar y adelantar procesos disciplinarios y juicios políticos contra el presidente de la República, magistrados de altas cortes y la fiscal general de la Nación. Mientras un presidente esté en ejercicio, ningún juez o fiscal ordinario puede adelantar procesos penales en su contra, por lo que todas las denuncias deben tramitarse en esta instancia. Actualmente, la comisión está conformada por 17 integrantes, donde el Pacto Histórico conserva cinco curules, aunque la conducción del orden del día y la asignación de expedientes quedan bajo el sector opositor de Cambio Radical, modificando así la correlación de fuerzas.
Carlos Cuenca, quien ya adelantó acciones de indagación contra el presidente Gustavo Petro durante el periodo anterior, incluyó entre sus actuaciones previas una solicitud de indagación disciplinaria tras la exposición pública del exministro Álvaro Leyva Durán sobre anomalías en la agenda diplomática durante un viaje a París en junio de 2023. Dicha comunicación del exministro alcanzó las 33 páginas de extensión. Entre las más de 200 denuncias recibidas, una de las más relevantes fue presentada por Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, por presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia, relacionada con decisiones sobre recursos públicos y presuntas presiones administrativas.
«No es posible que nosotros patrocinemos cómo se cercenan los derechos políticos -que no deberíamos traer a este recinto, sino que deberían suscitarse en el recinto de cada partido-, pero quiero invitar a la plenaria a que no abramos una puerta demasiado peligrosa»
Miguel Ángel Pinto, representante del Centro Democrático
La conformación definitiva de los 17 integrantes de la comisión fue el paso previo que permitió la ratificación del cargo, en medio de un escenario político que anticipa una gestión activa de este órgano investigador frente a los múltiples expedientes que involucran al primer mandatario y a otros altos funcionarios del Estado.
