El abogado Alejandro Carranza, representante jurídico del presidente Gustavo Petro, encendió las alarmas al cuestionar la legalidad de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar, y solicitó formalmente la intervención de la Procuraduría General de la Nación. A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, Carranza explicó que el presidente en ejercicio es la única autoridad facultada para autorizar el uso de instalaciones militares, y recordó que el Congreso decide el lugar de su propia sesión, pero que el mandatario ya negó el permiso. La controversia se centra en el departamento del Cauca, donde el Senado aprobó una proposición para trasladar la sesión de posesión, prevista para el 7 de agosto de 2026, aunque la iniciativa aún debe ser estudiada por la Cámara de Representantes.
El debate jurídico se intensificó luego de que el presidente Petro anunciara el 12 de julio que no autorizará el uso de instalaciones militares para la ceremonia, argumentando que «la transmisión del mando al nuevo presidente está bajo las leyes de la República y la Constitución». En ese contexto, Carranza advirtió que forzar el uso de una base sin autorización podría constituir un golpe de Estado, y dirigió duras preguntas a la Procuraduría sobre su postura frente a este caso. El abogado recordó, además, el episodio de 2022 cuando la espada de Bolívar llegó a la posesión de Petro solo después de que este recibió la banda presidencial, porque el entonces presidente Iván Duque no autorizó su salida previa del Palacio de Nariño.
Las advertencias constitucionales de Carranza
En su intervención, Carranza fue enfático al señalar que «el Congreso decide dónde se reúne él mismo para dar posesión (Art. 192 de la Constitución)», pero también subrayó que «el presidente Gustavo Petro, como comandante en jefe de las Fuerzas Militares hasta el 7 de agosto, es quien autoriza (o no) el uso de cualquier instalación militar». Agregó que «el comandante en jefe, el presidente Gustavo Petro ya dijo que no da permiso», y que «mientras sea presidente puede negarse, como ya lo anunció. El Congreso no puede obligar a las Fuerzas Militares a abrir una base en contra de la orden del comandante en jefe».
«Esto solo muestra que Abelardo de la Espriella no conoce cómo funciona el Estado social de Derecho colombiano y la separación de poderes»
Alejandro Carranza, abogado representante del presidente Gustavo Petro
El abogado fue más allá y advirtió sobre las consecuencias directas para los militares: «si un militar va en contra de las órdenes de su comandante, incurre en falta disciplinaria y penal». En un tono aún más grave, sostuvo que «la usurpación de las funciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por parte de un Senador, constituiría un golpe de Estado, independientemente de las acciones penales y disciplinarias que se puedan emprender».
El llamado a la Procuraduría
Carranza no solo expuso su interpretación constitucional, sino que también interpeló directamente al Ministerio Público. En su mensaje, preguntó: «¿Sería factible que la Procuraduría General de la Nación emitiera un comunicado instando al presidente electo y a su equipo a preservar el estado de derecho?» y, en un tono crítico, añadió: «¿O es que esa postura intervencionista del ministerio público se limita únicamente a gobiernos progresistas, como el que facilitó su nombramiento como Procurador?».
La senadora Jennifer Pedraza, por su parte, radicó otra proposición para que la ceremonia se realice en un espacio civil, evitando así el uso de bases militares. La definición del lugar de la posesión sigue generando un intenso debate jurídico sobre las competencias del Congreso, el presidente saliente y las Fuerzas Militares, con posibles implicaciones en la separación de poderes y el mando militar. Carranza insiste en que desobedecer la orden del comandante en jefe puede acarrear consecuencias disciplinarias y penales, y que cualquier intento de forzar el uso de una base sin autorización presidencial equivaldría a un golpe de Estado, un escenario que, según el abogado, no debe ser tolerado en un Estado social de Derecho.
