La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, defendió este 20 de mayo su retiro de la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, señalando que el proyecto de ley para otorgar garantías laborales a contratistas del Estado era inconstitucional. La salida de Carrascal fracturó el quórum necesario para continuar la discusión, lo que generó una fuerte acusación de la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, quien responsabilizó a la representante de frenar la iniciativa. El proyecto, presentado en agosto de 2024 por Lozano y su bancada, ya había superado trámites en el Senado y buscaba extender cesantías, primas, vacaciones y estabilidad a más de un millón y medio de contratistas que trabajan sin derechos básicos.
Según Carrascal, su ausencia no fue la única causa de la ruptura del quórum, pues de los 21 congresistas que integran la Comisión Séptima, solo asistieron 11. En sus declaraciones, la representante afirmó que permaneció durante toda la sesión e incluso se sentó junto a Lozano la mayor parte del tiempo, y que retiró una proposición de mesa técnica que había solicitado justamente para que el proyecto avanzara y ella pudiera ser nombrada ponente. “Es decir, su triunfo político es echarme el agua sucia a mí”, manifestó Carrascal en alusión a la senadora.
Las posturas encontradas sobre la formalización laboral
La senadora Angélica Lozano calificó a los contratistas como “esclavos modernos” y lamentó que los perjudicados sean un millón y medio de personas que trabajan sin cesantías, primas, vacaciones, remuneración y sin estabilidad. En contraste, la representante Carrascal argumentó que el proyecto, tal como está construido, “es abiertamente inconstitucional. En lugar de avanzar hacia la formalización laboral, profundiza la deslaboralización en el Estado, legaliza formas de fraude laboral y crea trabajadores de segunda categoría”. Carrascal advirtió que la iniciativa normaliza lo que denominó “contratos basura” y genera una “tercera categoría” de trabajo, por lo que pidió disposiciones transitorias para evitar legalizar desigualdades.
La disputa pública entre ambas congresistas evidencia las tensiones legislativas que se agudizan de cara a las elecciones de 2026, así como la dificultad de formalizar el empleo estatal. Mientras Lozano insiste en que su proyecto es la única vía para garantizar derechos a los contratistas, Carrascal sostiene que la iniciativa perpetúa la precarización. Con el quórum roto, el proyecto queda estancado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, a la espera de una nueva sesión que permita retomar el debate.
“El proyecto, tal como está construido, es abiertamente inconstitucional. En lugar de avanzar hacia la formalización laboral, profundiza la deslaboralización en el Estado, legaliza formas de fraude laboral y crea trabajadores de segunda categoría”.
María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara
