El Consejo de Estado ratificó la responsabilidad del Ejército Nacional en la ejecución extrajudicial de Hugo Alberto Arango Galeano, ocurrida el 27 de enero de 2007 en la Vereda Montañita, zona rural de Anorí, Antioquia. En la sentencia, la autoridad disciplinaria en segunda instancia ordenó la indemnización a la familia de Arango y consolidó la condena ya impostada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con la defensa del caso a cargo de Javier Villegas Posada, abogado de la familia. Todo ello forma parte de un proceso que involucra al Batallón de Infantería 42 Batalla de Bomboná y que se enmarca en la lucha por esclarecer hechos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en esos años.
Las pruebas recopiladas durante la investigación señalan que no hubo intercambio de disparos y que los disparos provinieron exclusivamente de los militares, mientras que sobreviven testimonios que aseguran la ausencia de fuego cruzado. Los peritajes forenses reforzaron esa versión al detectar la presencia de casquillos de fusil oficiales y al poner en evidencia un montaje de escena de combate para presentar la muerte como una baja en enfrentamiento. En lo judicial, el Tribunal Administrativo de Antioquia había condenando al Ejército en primera instancia; la defensa apeló y, en segunda instancia, la Corte reiteró la condena y dispuso la reparación, subrayando la gravedad de la acción y la necesidad de verdad y reparación para la familia.
Ratificación en segunda instancia y efectos para la reparación
La decisión ratificada no solo reconoce la responsabilidad institucional, sino que además ordena indemnizar a la familia de Hugo Alberto Arango Galeano por daños materiales y morales sufridos. Este fallo, al situarse dentro del marco de los casos de falsos positivos, refuerza el precedente judicial en materia de ejecuciones extrajudiciales y marca un avance en el reconocimiento de la verdad y la reparación a las víctimas, un fenómeno que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado con cifras que exceden los 6.400 casos entre 2002 y 2008.
«Este fallo demuestra que a Hugo Alberto lo ejecutaron y luego montaron un escenario para hacerlo pasar como una baja en combate» – Javier Villegas Posada, abogado de la familia
La noticia llega en un momento en el que la justicia colombiana continúa enfrentando la memoria de los hechos ocurridos durante el periodo de mayor presión operativa entre 2002 y 2008, y consolida la verdad como condición necesaria para la reparación y la confianza en las instituciones. Este informe, elaborado para La Veintitrés Manizales, resalta la importancia de este fallo como hito en la lucha contra los falsos positivos y en la búsqueda de responsabilidad institucional frente a las víctimas y sus familias.
