La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no tomará una decisión sobre el expediente contra el presidente saliente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022 en los próximos tres meses, debido al relevo de sus integrantes y a los trámites administrativos que aún están pendientes. El caso, que quedó sin resolver tras la salida de los tres investigadores que lo manejaban, deberá ser retomado desde cero por los 17 nuevos representantes que conforman la instancia legislativa, encargada de investigar a altos funcionarios del Estado.
El triunvirato anterior, integrado por los entonces representantes Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de La U, dejó dos posturas divididas frente al proceso. Mientras Uribe solicitó eximir de responsabilidad al hoy mandatario saliente, Arizabaleta y Carrillo propusieron llamarlo a indagatoria. Sin embargo, ninguno de los tres continúa en la Comisión: Uribe salió del Congreso, Arizabaleta no regresó a la Cámara y Carrillo ahora es senador, lo que obliga a los nuevos integrantes a rehacer el análisis del expediente.
Nueva configuración política de la Comisión
La instancia quedó instalada tras la posesión del Congreso el pasado 20 de julio, aunque los nombres de sus integrantes solo se conocieron hacia finales de ese mes. El petrismo aumentó su presencia de tres a cinco escaños, con figuras como María del Mar Pizarro, Heráclito Landinez, Gabriel Becerra, Jorge Bastidas y otro asiento afín a la coalición de Gobierno. No obstante, esa bancada no tiene mayoría asegurada, pues varios congresistas que antes acompañaban al oficialismo ahora podrían distanciarse de sus decisiones. En el bloque opositor o afín al presidente electo Abelardo de la Espriella se cuentan las dos curules de paz, ocupadas por Luis Ramiro Ricardo Vuelvas y Jorge Rodrigo Tovar, el conservador Juan Loreto Gómez y tres representantes del Centro Democrático: Jesús Salim Lorduy, Daniel Briceño y Jhonatan Eduardo Pineda. La presidencia de la Comisión recayó en Carlos Alberto Cuenca, de Cambio Radical.
El camino hacia una decisión está condicionado por varios pasos administrativos que deberán cumplirse antes de abordar el fondo del asunto. Primero, la Comisión deberá esperar la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella y del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para luego solicitar el giro presupuestal necesario para su funcionamiento. Una vez asegurados los recursos, se contratará a los abogados y expertos penalistas que integrarán los equipos técnicos, pues la instancia maneja más de 200 actuaciones contra Gustavo Petro, entre ellas la investigación por la financiación de su campaña. Los 17 representantes también deberán declarar sus conflictos de interés antes de que el presidente Cuenca reparta los expedientes entre las distintas subcomisiones.
Cuando el caso vuelva a manos de los nuevos integrantes, tendrán que decidir entre las dos tesis heredadas del triunvirato saliente: la absolución defendida por Alirio Uribe o el llamado a indagatoria propuesto por Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo. La complejidad del proceso, sumada a la reorganización interna y al recambio político, hace prever que la respuesta se conocerá, como mínimo, tres meses después de que la Comisión complete su puesta en marcha, en un contexto donde el equilibrio de fuerzas en el Congreso recién estrenado sigue definiendo las mayorías.
