La representante a la Cámara Catherine “Cathy” Juvinao lanzó una dura crítica contra el gobierno saliente de Gustavo Petro al denunciar que la minería ilegal y organizaciones criminales se han tomado el Páramo de Santurbán, poniendo en riesgo el suministro de agua para más de dos millones de personas en los departamentos de Santander y Norte de Santander. A través de su cuenta en la red social X, la congresista señaló que la falta de acción del Ejecutivo durante los últimos cuatro años permitió que las redes ilegales operaran sin control a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, destruyendo la vegetación nativa y contaminando las fuentes hídricas con químicos como el mercurio, cuyos niveles en las cuencas superan hasta en 40 veces los límites máximos permitidos para consumo humano seguro.
La denuncia se produce en plena transición política tras las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto de 2026. Juvinao, quien inicialmente apoyó algunas propuestas del Gobierno nacional pero luego se consolidó como una de sus principales opositoras en el Congreso, advirtió que el sector político que gobernó intentará evadir su responsabilidad y culpar a la administración entrante por el deterioro ambiental y de seguridad en el páramo.
Retrasos en la delimitación y contaminación química
El proceso de delimitación territorial definitiva del Páramo de Santurbán ha sufrido históricos retrasos. El Ministerio de Ambiente, liderado por Irene Vélez Torres como encargada, había programado mesas de concertación técnica, pero factores climáticos y alertas invernales obligaron a aplazarlas. Mientras tanto, las bocaminas ilícitas proliferaron en la zona, aprovechando los vacíos legales y la falta de vigilancia. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo ya habían advertido sobre niveles alarmantes de contaminación química en las fuentes hídricas, lo que compromete el abastecimiento de agua para millones de personas en la región.
Registros fotográficos de medios regionales exponen la devastación del ecosistema: frailejones destruidos y el terreno perforado por la apertura de bocaminas ilegales. Aunque el gobierno de Petro mantiene restricciones a la gran minería multinacional mediante Zonas de Reserva Temporal, organizaciones ambientalistas denuncian que algunas compañías buscan resquicios jurídicos para obtener licencias de mediana minería, lo que agrava la presión sobre el páramo.
“Qué tristeza lo del Páramo de Santurbán. Tanto discurso oficial, tanta promesa, tanta ‘narrativa’ para que al final en el gobierno de izquierda se comieran el páramo los ilegales”, escribió la congresista en su cuenta de X.
Catherine Juvinao, representante a la Cámara
Juvinao también lanzó una advertencia sobre lo que viene: “Ahora vendrán 4 años en donde reclamarán a otros todo lo que ellos no hicieron. Incompetentes”. La representante puso de presente que el daño ambiental es de tal magnitud que la nueva administración de Abelardo de la Espriella enfrentará un escenario crítico en Santurbán, con más de dos millones de personas dependiendo de un ecosistema gravemente amenazado por la minería ilegal y la contaminación química.
