El hecho principal que sacude la escena política colombiana es la denuncia de la representante Catherine Juvinao, independiente, sobre la existencia de un presunto plan para atentar contra su vida y contra otros personajes designados como posibles blancos. Según la denuncia, dicho plan fue identificado como objetivo de organizaciones criminales y habría sido comunicado por el presidente Gustavo Petro hace aproximadamente veinte días a través del ministro Armando Benedetti. En el dossier que acompaña la advertencia se mencionan también la senadora Paloma Valencia y el contralor general Carlos Hernán Rodríguez entre los señalados, a quienes se atribuye formar parte de ese listado, además de aludir a una supuesta “Junta del Narcotráfico”. Ante estos hechos, Petro ordenó reforzar el esquema de seguridad de Juvinao y la congresista ha pedido una reunión de alto nivel para aclarar los riesgos y coordinar respuestas institucionales.
La declaración llega en un marco de alta tensión por la seguridad y la vida de actores políticos, en medio de antecedentes que elevan la preocupación. Hace tres meses fue asesinado Miguel Uribe, un hecho que intensifica la percepción de vulnerabilidad entre candidatos y funcionarios y que, según las autoridades, ha sido objeto de seguimiento durante al menos uno año y medio. En el relato público, la amenaza se difundió a través de redes sociales, con mensajes que involucraron a Petro en X y a Benedetti como intervenientes en la cadena de comunicación; también se ha recomendado guardar silencio durante las investigaciones para no entorpecer las pesquisas. Además, la información difundida en redes ha generado inquietud sobre la veracidad y el manejo institucional del caso, que podría requerir una coordinación más estrecha entre diversas entidades. En el marco de esas coordinaciones, la conversación ha señalado reuniones atribuidas a grupos armados en Cúcuta y ha puesto sobre la mesa la necesidad de un encuentro presencial de alto nivel que integre al presidente Petro, al contralor general, a la senadora Paloma Valencia, a la fiscal general Luz Adriana Camargo, a la Dijin y a la Dirección Nacional de Inteligencia, para discutir riesgos y respuestas.
La denuncia eleva la atención sobre la seguridad de congresistas y la coordinación entre instituciones
«Yo no sé si esto lo están haciendo para amedrentarme o si es una estrategia para mantenerlo a uno vigilado o qué está pasando» – Catherine Juvinao, Representante a la Cámara
En paralelo, persiste el debate sobre el alcance de la información oficial y la manera en que se comunican estas amenazas a la ciudadanía. Contextualmente, las autoridades mencionan una narrativa que involucra a distintos actores armados y escenarios de violencia política, donde la seguridad de los cargos de elección popular se ve directamente afectada por prácticas de intimidación. Por ello, la congresista ha insistido en que se entreguen datos precisos y verificables sobre los riesgos existentes y ha solicitado reunir a los máximos responsables para definir medidas conjuntas. También permanece la insistencia de que la Fiscalía general esté al tanto de la situación de forma oficial, ya que Juvinao sostiene que la información llegó a ese nivel a través de otros canales de difusión mediática, lo que subraya la necesidad de una comunicación institucional clara y una respuesta coordinada ante una amenaza que amenaza la participación democrática.
