El Ministerio del Trabajo activó una ruta de protección y migración de los afiliados de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Caxdac) hacia Colpensiones, una decisión que ha desatado una fuerte controversia. La medida, contenida en documentos fechados el 3 y 4 de noviembre de 2026, es rechazada de plano por la caja, que advierte que el traslado de sus pensionados le costaría al Estado más de 9 billones de pesos. La viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero Pérez, defendió la actuación del ministerio al señalar que la protección de los ahorros y de las pensiones de los trabajadores es un principio inquebrantable, y que las reservas pensionales no se pueden tocar para fines no autorizados.
La controversia enfrenta al Gobierno, que argumenta que la situación financiera de Caxdac obliga a una salida institucional, con la caja, que afirma contar con reservas suficientes para respaldar el pago de mesadas hasta septiembre de 2120. Caxdac envió una carta al presidente y al vicepresidente José Manuel Restrepo solicitando intervención, revisión de costos y suspensión de la orden de traslado. En la misiva, la caja asegura que no pide un trato excepcional ni recursos del presupuesto, pero que el traslado convertiría un pasivo privado en una carga estatal. La carta menciona además que el Ministerio de Hacienda dejó constancia en comunicaciones previas de que el pasivo pensional de Caxdac es privado y no debe ser asumido por la Nación.
Una ruta de migración con alto costo fiscal
De acuerdo con los documentos oficiales, la ruta de migración hacia Colpensiones contempla el traslado de los afiliados de Caxdac, una administradora privada y sin ánimo de lucro del Régimen de Prima Media creada por ley para gestionar las prestaciones de los aviadores civiles. Según Caxdac, el valor de su portafolio asciende a cerca de 2,17 billones de pesos y la caja cubre a 790 pensionados actuales y futuros. No obstante, Colpensiones identificó un faltante de 23.048 millones de pesos en agosto al revisar 16 casos, y en octubre la carga fiscal generada por el traslado de 85 afiliados fue de 217.478 millones de pesos. La orden de traslado más reciente, de febrero de 2026, afectaría a 347 afiliados, quienes se sumarían a los más de 21 millones de usuarios que Colpensiones proyecta recibir en 2027.
«La protección de los ahorros y de las pensiones de los trabajadores es un principio inquebrantable»
Elianne Forero Pérez, viceministra de Empleo y Pensiones
Desde Caxdac, en cambio, se atribuye el escenario actual a una serie de decisiones administrativas previas: una orden de la Superintendencia Financiera en 2024, un concepto del Ministerio del Trabajo en junio de 2025, y la propia orden de traslado de febrero de 2026. La caja también menciona un proyecto de decreto de conmutación pensional frenado por decisiones judiciales. En su carta a la Presidencia, Caxdac solicita una cuantificación oficial del costo fiscal, la suspensión de la orden de traslado, la revisión del concepto ministerial, una consulta al Consejo de Estado, y la autorización para usar rendimientos de sus reservas en gastos de administración para 2027, solicitud que el Ministerio ya negó basándose en el artículo 3 del Decreto Ley 1283 de 1994.
«El traslado a Colpensiones de las pensiones de los aviadores le costaría al Estado más de $9 billones»
Carta de Caxdac al presidente
La controversia deja en evidencia la complejidad de la gestión pensional en Colombia y las tensiones entre las administradoras privadas y el Estado. Mientras el Ministerio del Trabajo defiende la migración como una medida de protección para los afiliados, Caxdac insiste en que su modelo es viable y que el traslado representa un golpe fiscal innecesario. La caja, que señala no haber participado en la comisión intersectorial previa por su carácter privado, pide que la Presidencia designe un delegado para instalar una mesa de trabajo con su junta directiva, afiliados, pensionados y las entidades involucradas, en busca de una solución que evite que un activo fiscal se convierta en una carga estatal.
