En la tarde del 6 de noviembre de 1985, la Embajada de la Unión Soviética en Bogotá albergó un cóctel diplomático con reforzamientos de seguridad, en pleno marco de la operación para retomar el Palacio de Justicia, tomado por el M-19 un día antes. Los documentos desclasificados revelan que entre los asistentes figuraba un funcionario estadounidense no identificado y un diplomático soviético, y que la reunión se desarrolló en medio de una atmósfera de alerta por posibles ataques al complejo judicial en el centro de la capital colombiana.
El evento, planificado con seguridad reforzada, contó con un intercambio entre un funcionario estadounidense y un representante soviético para discutir, según la documentación, advertencias sobre ataques posibles. A las 4:00 p.m. del 6 de noviembre llegó un cable confidencial a Washington solicitando asistencia y dando luz verde para enviar un avión C-130 a Bogotá. En el marco de la crisis, se interceptaron dos camiones cargados con armas y simpatizantes del M-19. Paralelamente, unos 30,000 empleados judiciales sindicalizados convocaron huelga, paralizando parte de la actividad de la justicia. Durante estos hechos, 15 de los 24 magistrados de la Corte Suprema fallecieron, al igual que decenas de civiles; al cierre, todos los guerrilleros del M-19 habían perdido la vida.
Este episodio se enmarca dentro de un contexto más amplio: la toma y el asedio al Palacio de Justicia dejó una profunda huella en la historia de Colombia y catalizó debates sobre negociación y respuesta militar. Los documentos desclasificados en 2023 muestran que Estados Unidos y la Unión Soviética manejaban advertencias sobre posibles ataques y que, según un cable estadounidense de fecha anterior a la crisis, el Palacio fue identificado como objetivo del M-19. La embajada estadounidense interpretó que la guerrilla buscaba principalmente visibilidad para criticar al gobierno, mientras que el desenlace resultó devastador. Ante la gravedad de la crisis, el gobierno colombiano solicitó asistencia militar a Estados Unidos, y hacia las 4:00 p.m. se recibió la solicitud y se envió un C-130 a Bogotá. Un panel de jueces más tarde determinó que Betancur actuó dentro de sus atribuciones al ordenar el contraataque, aunque señaló que debió haber buscado el diálogo antes de iniciar operaciones.
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El contexto histórico de estas revelaciones señala un endurecimiento de la respuesta estatal frente a guerrillas, un fortalecimiento de la posición militar y una tensión política creciente que dejó profundas huellas en la Colombia de la época, con dudas sobre la retirada de la protección del Palacio y posibles conspiraciones que quedan sin concluir. Esta noticia, ahora de carácter histórico, recuerda la complejidad de una crisis que marcó una era y que, desclasificada en 2023, continúa alimentando el análisis de inteligencia y diplomacia en la región.
