La fiscal Luisa Fernanda Obando Guerrero presentó una segunda renuncia ante la Fiscalía el 20 de octubre de 2025, la cual fue ratificada por la institución ese mismo día y dejó sin efecto sus funciones el 21 de octubre de 2025. En provisionalidad se desempeñaba como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito en la Dirección Seccional Norte de Santander, cargo al que llegó tras haber ocupado previamente la delegación para la Seguridad Territorial. La renuncia, presentada por correo electrónico, fue aceptada conforme a las normas vigentes y, en su misiva, Obando Guerrero afirmó padecer demencia.
La noticia adquiere relevancia en el marco del caso conocido como “Pacho Malo”, en el que Obando figura como pieza central junto al exfiscal Néstor Humberto Martínez, la exvicefiscal Martha Mancera y el fiscal Daniel Hernández, este último en juicio por corrupción y aún en funciones, presuntamente bajo la influencia de Martínez. La afirmación de demencia podría afectar el curso de las investigaciones pendientes y exigir a las autoridades revisar si el estado de salud mental tiene incidencia directa en la continuidad de los juicios o si se requieren medidas especiales para garantizar la integridad de los procesos. En sentido institucional, este episodio invita a analizar prácticas sobre la provisionalidad de cargos y la creación de grupos especiales, así como la relación entre funcionarios y su entorno familiar en investigaciones sensibles.
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Entre los datos secundarios se detalla que Obando solicitó la creación de un grupo de tareas especiales para perseguir a Nicolás Petro; la solicitud fue aprobada por la fiscal general encargada, Martha Mancera. El grupo, dirigido por el fiscal Burgos, está investigado penal y disciplinariamente. Víctor Forero, exagente del CTI y entonces pareja de Obando, habría desempeñado un papel clave en un fraude procesal vinculado al caso, mediante el uso de una fuente falsa que derivó en la filtración de material audiovisual a la prensa. La renuncia y la alegación de demencia podrían retrasar o modificar la tramitación de denuncias y obligan a las autoridades a verificar el impacto del estado de salud mental en la continuidad de los juicios y si se requieren medidas para garantizar la integridad de los procesos.
«si la fiscalía no cambia, hay que refundarla» – Alejandro Carranza, abogado
En este marco, las autoridades deben evaluar no solo el efecto de la renuncia sobre la celeridad de las investigaciones pendientes, sino también el significado institucional de la situación ante temas de provisionalidad de cargos y la coordinación entre actores judiciales y sus redes personales en investigaciones de alto perfil. La declaración de demencia podría exigir revisiones en la planificación de los procesos y, en su caso, la adopción de salvaguardas para garantizar la transparencia y la continuidad de la justicia en un contexto de tensiones y cuestionamientos sobre la integridad de las investigaciones.
