Senadores del Centro Democrático calificaron como “sin fundamento” las objeciones presentadas por el Gobierno de Gustavo Petro al proyecto de ley que busca prohibir la reducción de requisitos para acceder a cargos directivos en la administración pública. La crítica fue expresada por la senadora María Clara Posada y el senador Hernán Cadavid, autor de la iniciativa, luego de que la Presidencia de la República comunicara sus reparos al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil, a través de mensajes en redes sociales y en el marco del debate en el Congreso.
El proyecto, aprobado en la anterior legislatura pese a la oposición del Ejecutivo, establece una inhabilidad de entre 10 y 20 años para los funcionarios que modifiquen los manuales de funciones con el propósito de facilitar el acceso de personas no capacitadas a cargos de importancia. Según Cadavid, la iniciativa busca evitar que “arbitrariamente los gobiernos disminuyan los requisitos para los cargos de importancia a nivel central”, defendiendo así el principio de mérito en la función pública.
Objeciones gubernamentales y respuesta de los senadores
El Gobierno argumenta que la ley requería el trámite como estatutaria y que el concepto previo del Consejo de Estado, exigido por el proyecto cuando una entidad pretenda disminuir requisitos, altera las competencias del Ejecutivo. Los senadores del Centro Democrático rechazan estos argumentos, señalando que el concepto del Consejo de Estado es consultivo y no vinculante. “No se trata de una pasantía, sino de tomar decisiones de política pública que afectan a 50 millones de personas”, afirmó la senadora Posada, quien calificó de “inadmisible” la oposición gubernamental, recordando que la práctica de reducir requisitos fue denunciada durante la administración Petro.
“Privilegiar el mérito no es paralizar al Estado”
Hernán Cadavid, senador autor del proyecto
El senador Cadavid se mostró dispuesto a defender la iniciativa en las plenarias de Senado y Cámara, y aclaró que la norma no limita las facultades del Ejecutivo para designar libremente, siempre que los designados cumplan con los criterios legales. “No se limita la facultad del Ejecutivo, que puede designar libremente entre quienes cumplan los criterios legales. Lo que se prohíbe es la modificación de los requisitos para favorecer a personas sin la capacidad técnica necesaria”, explicó Cadavid. La senadora Posada, por su parte, defendió que endurecer los requisitos no elimina la discrecionalidad del nominador, siempre que los designados cumplan con los perfiles establecidos.
