En medio de un intenso debate político y una lluvia de críticas en redes sociales, el Centro Democrático salió al paso de las acusaciones que lo señalan de haber abandonado su rol opositor, luego de que sus senadores apoyaran en el Senado la autorización de salida del país del expresidente Gustavo Petro. La votación, que se registró con 73 votos a favor y 11 en contra, aprobó una proposición presentada por el mismo partido para condicionar el permiso solicitado por Petro, exigiendo que informe previamente las fechas y los destinos de cada uno de sus viajes durante el año siguiente al fin de su mandato.
La controversia se desató después de que, el 10 de agosto de 2026, el exmandatario enviara una misiva a la mesa directiva del Senado solicitando, al amparo del artículo 196 de la Constitución, la autorización para salir del país durante un año, con el fin de atender “compromisos de carácter personal, social, político y académico”. Frente a esta petición, la bancada del Centro Democrático, que durante los cuatro años de gobierno de Petro ejerció una férrea oposición, presentó una proposición que, en lugar de negar el permiso, lo condicionó a un estricto mecanismo de seguimiento.
Oposición con condiciones
En un comunicado difundido a través de su cuenta en la red social X, el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez argumentó que su voto no representó un cambio de postura ni un respaldo al expresidente. “El Centro Democrático no cambió su posición frente a Gustavo Petro. Seguimos siendo oposición, ejerciendo control político y denunciando sus errores y decisiones cuando afectan al país. Petro pidió un permiso amplio para salir del país. El Centro Democrático se opuso a una autorización abierta e indefinida y exigió condiciones y mecanismos de seguimiento”, señaló el texto.
La colectividad fue más allá al subrayar que su accionar se enmarcó estrictamente en la Constitución. “Esto no es defender a Petro. Es hacer oposición dentro de la Constitución. A Petro se le controla, se le fiscaliza y se le exige responder políticamente por sus actuaciones. Y si existen responsabilidades jurídicas, serán las autoridades competentes las que deberán determinarlas”, enfatizó el comunicado.
“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la República”.
Gustavo Petro, expresidente de Colombia, en su misiva al Senado (10 de agosto de 2026).
La decisión del Senado no es un hecho aislado en la historia política colombiana. La Constitución exige que los expresidentes soliciten autorización al Congreso para salir del país durante el año posterior al fin de su mandato, una medida que han cumplido todos los mandatarios anteriores, incluidos Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Sin embargo, el contexto político actual y la histórica rivalidad entre el uribismo y el petrismo convirtieron esta solicitud en un episodio particularmente polarizante, obligando al Centro Democrático a explicar públicamente una jugada que, para muchos de sus seguidores, rozó la contradicción ideológica, pero que el partido defiende como un ejercicio de fiscalización responsable.
