El partido Centro Democrático, liderado por figuras como la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y su director Gabriel Jaime Vallejo, presentó recientemente una acción de tutela ante un juez del circuito de Bogotá para suspender los efectos del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro. Esta medida legal busca frenar provisionalmente el decreto mientras la Corte Constitucional realiza el control de constitucionalidad, dirigido también contra entidades como la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y la DIAN.
La tutela argumenta que existe una vacancia judicial en la Corte Constitucional y que el Gobierno utiliza estratégicamente el poder de excepción para eludir los controles constitucionales habituales. Entre las solicitudes específicas, se pide una orden al Ministerio de Hacienda y a la DIAN para que se abstengan de imponer o recaudar nuevos tributos derivados del decreto. Este se enmarca en una crisis fiscal con un déficit de 16,3 billones de pesos, autorizando impuestos especiales por hasta 41.000 millones de dólares, equivalentes a 155.000 millones de pesos, durante un período de 30 días, y habilita al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley, incluyendo tributarios, desplazando temporalmente las competencias del Congreso.
Contexto tras el archivo de la reforma tributaria
El decreto surge después de que el Congreso archivara la reforma tributaria del Gobierno el 9 de diciembre de 2025, debido a la rigidez del gasto público y la baja recaudación tributaria, según la justificación oficial. En la acción de tutela, el Centro Democrático sostiene que permitir la aplicación del decreto durante ese lapso implicaría vaciar de contenido la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales y tolerar una utilización estratégica del poder de excepción para eludir los controles propios del Estado constitucional de derecho.
«permitir la aplicación del decreto durante ese lapso implicaría vaciar de contenido la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales, y tolerar una utilización estratégica del poder de excepción para eludir los controles propios del Estado constitucional de derecho»
Acción de tutela, Centro Democrático
Adicionalmente, un comunicado del partido advierte que permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos.
«permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos»
Comunicado del Centro Democrático
Esta no es la única acción legal en contra: se suman tutelas presentadas por las senadoras Angélica Lozano y Cathy Juvinao, del Partido Verde, directamente ante la Corte Constitucional, en un contexto de tensión política por las finanzas públicas del país.
