El partido Centro Democrático, a través de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y su director Gabriel Jaime Vallejo, presentó una acción de tutela ante un juez del circuito de Bogotá para suspender los efectos del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro durante 30 días. Esta medida busca la suspensión inmediata de sus efectos y ordena a la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y la DIAN abstenerse de imponer o recaudar nuevos tributos derivados del decreto, radicada recientemente tras el archivo de la reforma tributaria por el Congreso el 9 de diciembre de 2025.
La tutela argumenta una vacancia judicial en la Corte Constitucional, el uso estratégico del poder de excepción para eludir los controles del Estado constitucional de derecho y la ausencia de hechos nuevos o imprevisibles que justifiquen la emergencia. En el contexto de un déficit fiscal de 16,3 billones de pesos, el decreto habilita al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley, incluyendo tributarios que podrían alcanzar hasta 41.000 millones de dólares, equivalentes a 155.000 millones de pesos en impuestos especiales, desplazando temporalmente al Congreso en sus funciones legislativas.
Argumentos y riesgos planteados por el Centro Democrático
La solicitud incluye una orden específica al Ministerio de Hacienda y la DIAN para que se abstengan de cualquier imposición o recaudo de nuevos tributos derivados del decreto, subrayando que la Corte Constitucional debe ejercer un control automático de constitucionalidad. Esta acción se suma a otras presentadas por las senadoras Angélica Lozano y Cathy Juvinao del Partido Verde directamente ante la Corte Constitucional, en un momento de tensión política por las finanzas públicas.
«implicaría vaciar de contenido la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales, y tolerar una utilización estratégica del poder de excepción para eludir los controles propios del Estado constitucional de derecho»
Texto de la tutela, Centro Democrático
«permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos»
Comunicado del Centro Democrático
Este decreto de emergencia económica surge después de que el Congreso archivara la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, lo que ha intensificado el debate sobre las facultades excepcionales del Ejecutivo y su impacto en los derechos de los ciudadanos frente a medidas fiscales impositivas sin el escrutinio legislativo habitual.
